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Ya se puede ejecutar la devolución de créditos

Noé Ramón / Noé Ramón

Pese a las manifestaciones hechas desde el Cabildo tinerfeño, lo cierto es que el portavoz de la formación política Por Tenerife (XTF), Santiago Pérez, ratifica que el reciente fallo del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la institución insular a devolver 137,3 millones por créditos anulados que se suscribieron en 2010, “es plenamente ejecutable”.

El Supremo rechazó la petición de la institución insular para que el reembolso quedara paralizado temporalmente hasta que los tribunales decidieran sobre la legalidad o no del Decreto que en 2010 emitió el Ministerio de Hacienda cancelado estas operaciones financieras. De hecho, en estos momentos lo cierto es que se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emita el primer fallo sobre el fondo del asunto, que luego es recurrible ante el TS.

Un proceso que puede llevar años. Mientras la reciente resolución judicial obliga a reembolsar este dinero al ratificarse que se utilizó para refinanciar deuda. Pérez atisba que la Corporación insular, “se va a enfrentar en breve a un grave problema financiero” que considera que sólo es responsabilidad exclusiva del presidente, Ricardo Melchior, quien ya anunciado su retirada de este cargo.

“La reciente sentencia es firme y se debe cumplir”, ratificó el también concejal de La Laguna que durante años fue consejero en el Cabildo tinerfeño por el Partido Socialista. Según los informes elaborados por el Ministerio de Hacienda en 2010 la institución presentaba un nivel de endeudamiento que alcanzaba el 60% del total de las demás corporaciones insulares. La razón, según Pérez, no es otra que las obras ejecutadas durante años por esta institución como son el Auditorio Adán Martín, el tranvía o el Museo Tea. “Melchior se ha empeñado desde hace tiempo en emprender una huida hacia adelante y ahora que se ha enfrentado a la realidad, ha optado por abandonar el barco”, dice el portavoz de XTF.

Pérez estima que en estos momentos la única salida que le queda a la actual mayoría integrada por Coalición Canaria (CC) y el PSOE es negociar con el gobierno central para que no exija ejecutar desde este momento el reciente fallo. “Si el Ministerio de Hacienda decide que se cumpla la resolución judicial que acaba de salir mucho me temo que no van a tener más remedio que devolver ese dinero”.

Sin embargo, Pérez considera que el Partido Popular (PP) y especialmente su presidente en las islas, José Manuel Soria, “van a utilizar este fallo como un importantísimo elemento negociador para arañar poder como sea. Es evidente que el PP está desesperado por gobernar cueste lo que cueste”.

El portavoz de la formación de izquierdas indica que de pronto los populares se han encontrado “con una auténtica moneda de oro” para desalojar a los socialistas del Cabildo y poder pactar con CC. “Lo cierto es que las sentencias no se cumplen solas; el Ministerio de Hacienda va a tener que pedir ahora que se cumpla y tiene todas las posibilidades de hacerlo, pero la pregunta es a cambio de qué. Quién tiene ahora la sartén por el mango es el Estado que posee un arma brutal para negociar casi lo que quiera”.

Pérez se ha mostrado “atónito” por el silencio mediático que ha existido sobre este asunto e incluso le han indicado que algunos medios publicaron la noticia publicada por CANARIAS AHORA el sábado pasado pero inmediatamente después las borraron de sus ediciones digitales y por supuesto no aparecieron en las escritas. “La sentencia deja claro que Melchior ha emprendido desde hace años una auténtica huida hacia adelante al pagar con créditos las deudas que él mismo había contraído.

Es un retrato perfecto de la situación en la que va a dejar el Cabildo y todo el balance de una época marcada por el populismo y el derroche“. XTF y la formación política Sí se puede han sido las únicas en advertir las consecuencias que tiene este fallo. Por su parte, el consejero de Hacienda en el Cabildo, Víctor Pérez y el portavoz del PP, Antonio Alarcó, quienes durante años gobernaron juntos, han coincidido en señalar que la sentencia no es todavía ejecutable, o que en todo caso, existe un Plan B para poder hacer frente a estos pagos. El PSOE, que actualmente mantiene un acuerdo de gobierno con Coalición no se ha manifestado hasta el momento.

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