Las 'cinco razones' de Ben Magec contra los sondeos

La Federación Ecologista Ben Magec -Ecologistas en Acción ha anunciado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, del Consejo de Ministros, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias a la empresa Repsol. A partir de la presentación del Real Decreto, la organización dispone de unos dos meses para presentarlo, que se cumplen a finales de mayo.

Los aspectos centrales por los que se presenta el recurso se refieren a los intentos por parte del gobierno “de saltarse, con el nuevo Real Decreto, la sentencia del año 2004 que anulaba los permisos a Repsol, entre otras razones por no aportar los preceptivos estudios de impacto ambiental”. Los ecologistas denuncian que “ahora no solo vuelven a obviar, sino que aportan unos informes genéricos sin valor alguno para los requerimientos de la legislación en vigor”. E intentan “convalidar un decreto anulado firmemente, modificando sustancialmente los contenidos del primer Decreto, lo que constituye un acto claro de nulidad del decreto”.

Así lo explicó Pedro Hernández, portavoz de El Guincho-Ecologistas en Acción, de Lanzarote, que, en declaraciones a ACN Press, confió en que estas medidas legales, junto al respaldo ciudadano, paralicen las intenciones de la empresa, impidiendo que realicen los estudios, o lo retrasen de “18 a 24 meses”.

Hernández aseguró que en Lanzarote y Fuerteventura existen un gran respaldo popular. “No vamos a permitir que ensucien nuestro pozo”, señaló en referencia a la dependencia de estas dos islas del agua desalada para el consumo humano.

“No es posible convalidar un acto que ha sido declarado nulo”, menciona la organización como primera razón por la que considera que debe anularse el Decreto del Gobierno. Solo es posible convalidar “los actos anulables, no los actos ya declarados nulos”, explican. En segundo lugar, “como consecuencia de las modificaciones introducidas en el acto de convalidación, en realidad, se ha dictado un nuevo acto administrativo sin seguir el procedimiento legalmente establecido”. Hay que tener en cuenta que en el primer Decreto se otorgaba permiso para actuar en dos pozos y en el actual Decreto en “al menos dos, modificándose criterios de inversión y plazos”, destacan.

Ben Magec cita, en tercer lugar, que se ha ejercitado “la potestad de convalidación 11 años después del primer Decreto (2001) y ocho años después de la Sentencia anulatoria (2004). Se entiende que debería iniciarse un nuevo expediente”.

En cuarto lugar, porque “no se han tenido en cuenta las medidas medioambientales necesarias para reducir los riesgos de accidente grave y limitar las consecuencias en caso de que se produzcan”. El Real Decreto de marzo del 2012, “no sólo no garantiza tales medidas, sino que por no existir carece de fundamento en su actuación”.

Por último afirman que “se ha vulnerado el derecho básico de acceso a la información y de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente. Este derecho está recogido en las directivas 2003/4 y 2003/35 que parten del Convenio de Aarhus”.

El recurso que anuncia Ben Magec Ecologistas en Acción, se presenta como iniciativa desde el movimiento ciudadano para conseguir paralizar el proyecto del gobierno del PP de realizar prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias.

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