El reloj ''sigue parado'' para los vecinos de Pancho Guerra
“Cinco años, 60 meses, 261 semanas, 1.825 días y 43.800 horas” es el tiempo transcurrido desde el derrumbe del muro de la calle Pancho Guerra, en Las Palmas de Gran Canaria, ocurrido el 23 de febrero de 2006 y que provocó la muerte de tres vecinos y dejó sin vivienda a diez familias. Y cinco años después, los afectados continúan “viviendo de alquiler, pagando nuestras hipotecas”, según explicó su portavoz, Rafael Morales, y “sin noticias” de cuándo obtendrán la licencia de obras que les permita construir sobre el solar donde estaban sus casas, para “volver a retomar nuestra vida”.
Morales reconoce que “hace cinco años” no contaban “con la hipocresía de todas las administraciones” cuyos responsables acudieron el día de la tragedia a la calle Pancho Guerra y les prometieron diligencia en los trámites, pero “a la hora de la verdad seguimos con el solar yermo donde estaban nuestros hogares”. A quien único expresan su agradecimiento es al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por costear el desescombro y conceder una ayuda de alquiler durante tres meses. Ahora están a la espera de que el Consistorio apruebe el Plan General, previsto para el 23 de marzo, y se supere el trámite de la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) para conseguir la licencia de construcción.
Las familias continúan considerando que su caso se tenía que haber aprobado sin tener que esperar a la aprobación de la modificación del Plan General del municipio, por sus circunstancias personales y porque “proponemos un modelo de construcción seguro para toda la zona”.
Morales, que pronunció estas palabras en el acto que organizan cada año en el solar para recordar a las víctimas y denunciar su situación, agradeció la presencia en el mismo de las fuerzas de Seguridad, Salvamento y Rescate, los medios de comunicación y los representantes de todas las fuerzas políticas con presencia en el Ayuntamiento. Allí estaban el concejal de Urbanismo, Nestor Hernández, la presidenta de Compromiso, Nardy Barrios, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Josefa Luzardo y el candidato popular al Consistorio, Juan José Cardona.
Hernández reconoció que tenía alguna que otra puntualización que hacer sobre las críticas de los vecinos a las administraciones “pero hoy no es día de polemizar con nadie”. Sí recordó que desde el Ayuntamiento siempre se ha exigido que el Parlamento modifique la legislación vigente para que estos casos no se traten como “el proyecto de un promotor”.
Hasta el momento los vecinos han tenido que sortear “una maraña burocrática”, “las excusas” de las administraciones “para no tener que atender nuestras demandas” e impertinencias como que desde el Instituto Canario de la Vivienda les dijeran que no les podían ayudar “porque oficialmente tenemos casa, y díganme ustedes dónde”, se preguntó Rafael Morales, o que la Delegación del Gobierno de España en Canarias “nos perdiera el expediente, tuviéramos que presentarlo todo de nuevo y hasta hoy no hayamos obtenido respuesta”. A esto se suma que el Diputado del Común tampoco ha respondido a su solicitud de mediación ante las administraciones para agilizar su expediente.
Motivos para la esperanza
A pesar de los problemas burocráticos y la desidia de las administraciones, las diez familias no pierden la esperanza y así lo simbolizaron durante el acto con el encendido de una vela verde, junto a las tres rojas que recuerdan a los fallecidos y a las cinco negras con las quisieron expresar su rechazo a los cinco años de “abandono” por parte de las Administraciones.
Morales espera que dentro de un año “podamos conocer, como mínimo, qué podemos construir y cuándo, aunque el cómo ya se verá”.
El “cómo” se refiere a la cuantía que necesitan para ejecutar el proyecto de sus viviendas. Los vecinos dejan claro que esto “no es responsabilidad de las adminstraciones públicas”, es su competencia, y en ello “trabajaremos luego”. Para ello necesitan que se resuelvan las denuncias que han presentado y que “la lentitud de la Justicia” esté provocando que este tema “esté estancado”.
Antes de “cuatro o cinco años” no esperan contar con una sentencia indemnizatoria que les permitar iniciar la obra, pero “ese es nuestro problema, y si se producen retrasos ya no será por culpa de terceros”, afirma Rafael Morales.
