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Los sindicatos boicotean la negociación sobre los funcionarios

ANTE EL ''OCULTISMO DE DATOS''

Los representantes en la Mesa de la Función Pública critican que el Ejecutivo regional ha trasladado al Ministerio 90 millones más en recortes.

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Los sindicatos de la Administración autonómica Comisiones Obreras (CCOO), Intersindical Canaria (IC), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) y Unión General de Trabajadores (UGT) han decidido abandonar la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias que debía celebrarse este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para que el Gobierno de Canarias informara sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas administrativas y de modificación de normas tributarias.

Según los representantes sindicales, el plantón a la Administración se debe a que "la información que el Gobierno canario ha trasladado al Ministerio de Economía y Hacienda difiere en más de 90 millones de euros de reducción respecto a la información dada en la Mesa anterior". Además, en el documento "no se incluyen prácticamente ninguna de las medidas alternativas planteadas por las organizaciones sindicales en el nuevo borrador de Anteproyecto" y se mantiene "el ocultismo de datos y cifras respecto al impacto de las diferentes medidas que contempla".

Los sindicatos han visto "una vulneración de los principios básicos de la negociación colectiva y mala fe negocial". Los representantes sindicales consideran que el Anteproyecto de Ley "sale viciado de inicio, ya que uno de los informes preceptivos, el del Consejo Económico y Social, establece entre otras cuestiones que hay aspectos que no se desarrollan en el borrador presentado, que no se dispone de un informe de los impactos económicos de las medidas apuntadas, tanto administrativas como de carácter fiscal y que la información que lo acompaña no dispone de los diversos informes que entiende son pertinentes para 'juzgarlo adecuadamente".

También recuerdan que el CES valora negativamente "la incongruencia y la falta de transparencia de regular mediante este tipo de leyes de 'acompañamiento' que modifican cuestiones que han de ser negociadas en las mesas generales o sectoriales con los empleados públicos".

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