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Los sindicatos exigen diálogo en la Policía Canaria

ANTE EL "CASO OMISO" DEL GOBIERNO

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, evita abordar los problemas expuestos por representantes de los trabajadores.

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Todos los sindicatos con representación en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), excepto Comisiones Obreras (CCOO), han decidido hacer un frente común tras mantener una reunión este lunes y han exigido al Gobierno autonómico que abra una vía de diálogo y deje de "ignorar" sus requerimientos para buscar soluciones a los problemas que atañen al cuerpo.

El portavoz de Intersindical Canaria (IC), José Carmelo García, recuerda que durante la Comisión de Coordinación de Policías Locales celebrada a primera hora del día, los sindicatos pidieron al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, abordar los asuntos relacionados con la Policía autonómica, como la regulación de un convenio laboral elaborado de forma "unilateral" o una serie de conflictos internos que han tenido lugar entre los agentes y sus superiores.

García asegura haberse sorprendido ante la negativa de González Ortiz de discutir dichos temas al considerar que no se trataba del foro adecuado. Además, añade que el consejero rechazó la propuesta de constituir una mesa técnica que abordara estos asuntos de forma específica. El portavoz de UGT, José Alonso, denuncia el "caso omiso" que hace la Administración regional a los sindicatos, al tratar de evadir un problema que "cada vez será más grande", advierte.

Aunque asegura que por parte de los representantes de los trabajadores "la vía del diálogo va a estar abierta", el portavoz del Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas), Juan Antonio Díaz, afirma que de no obtener una respuesta por parte del Gobierno canario, "recurriremos a todas las vías que hagan falta".

Al respecto, García precisa que de momento se mantienen a la espera de que la Institución autonómica cambie de postura y "esté dispuesta a escuchar, o por lo menos explique los motivos que les llevan a adoptar esa posición". De no ser así, asegura que no se descartan acciones sindicales o tomar medidas judiciales.

Abandono de agentes

IC denuncia un desmantelamiento en la estructura de mando de la base de Gran Canaria desde la llegada del actual jefe del Cuerpo, Luís Santos Jara, que tomó posesión de su cargo en abril de 2012 en sustitución del comisario Ignacio Bádenas Gil.

El sindicato reivindica que desde el pasado abril han abandonado el cuerpo los dos subcomisarios y el inspector en Gran Canaria, José María Córdoba, cuya plaza permanece vacía, así como varios oficiales y policías. Asimismo, manifiesta que algunas plazas han sido ocupadas en Comisión de Servicios, pero "sin un procedimiento transparente, entran y salen según criterio de Jefatura"·

Por otro lado, señala la incorporación de un segundo inspector en Tenerife, procedente de La Laguna, que accedió al puesto de forma que "se desconoce" en junio del pasado año de la mano de Santos Jara y manifiesta que el máximo responsable en Gran Canaria ocupa el puesto de subinspector sin haber tomado posesión, sino por la aplicación del artículo 39 de la Ley 2/2008. IC cuestiona también el procedimiento llevado a cabo para que Santos Jara se hiciera con el cargo de máximo rango de la Policía canaria y aseguran no tener conocimiento de su nombramiento como comisario.

Co.bas denuncia no haber recibido respuesta del Gobierno de Canarias a ninguno de sus comunicados y solicitudes, como la última enviada al director general de la Función Pública, Aarón Afonso, en la que exigía un informe jurídico que se pronunciase sobre el procedimiento llevado a cabo para cubrir la plaza del mencionado subisnpector de la base grancanaria, sin que éste "cumpla los requisitos mínimos exigidos en la legislación vigente, entre ellos el de la titulación mínima correspondiente".

Además, pide otro informe jurídico que detalle por qué una plaza que no había sido ocupada con anterioridad, se sacó con "tanta premura" y sin llevar a cabo el procedimiento ordinario marcado por Ley. Aspecto por el que demanda que "se depuren las responsabilidades oportunas si las hubiere".

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