Los trabajadores del ITC van a la huelga indefinida
Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han presentado este lunes un preaviso de huelga ante la Dirección General de Trabajo en respuesta a la decisión de la presidenta del Consejo de Administración de la entidad, Francisca Luengo, de presentar un ERE extintivo que implica “la disolución de la corporación, la segregación, despidos y la posible subrogación de trabajadores, así como la desaparición del II Convenio Colectivo”.
CCOO señala en un comunicado que el preaviso de huelga se presenta una vez que el Comité Intercentros, reunido de urgencia durante la presente jornada, rechazó la propuesta de Luengo, por entender que la segregación y supuesta subrogación del personal en los términos en que se plantea “carece de cobertura legal”, entre otros motivos. La huelga comenzará a las 00:00 horas del 29 de noviembre y tendrá carácter indefinido.
La también consejera de Industria, Comercio y Empleo del Gobierno de Canarias ha asegurado que la propuesta hecha a los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), por el que parte de la plantilla pasaría a integrarse en la Fundación Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), para evitar así un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), es viable aunque el Cabildo grancanario decida oponerse.
La Administración insular, que de momento no se ha posicionado al respecto, es una de las entidades de las que depende la Fundación. Sin embargo, Luengo precisa a CANARIAS AHORA que en la actualidad “estamos en un escenario con la Universidad”, organismo que sí se muestra de acuerdo con la iniciativa. Una afirmación que la ULPGC no ha ratificado para no “interferir” en la negociación del acuerdo entre la Consejería y los trabajadores.
Luengo define la propuesta como “la solución” a la problemática del ITC, porque “todo el mundo se queda dentro”, cuando lo contrario sería un ERE. Por su parte, el presidente del comité intercentros del ITC, Héctor Mendoza (CCOO), considera la propuesta de la consejera como un 'ultimatum', que está siendo tratado con los abogados del colectivo y afirma “nos han puesto entre la espada y la pared”.
Mendoza, que no rechazó la colaboración con la ULPGC, abogó junto al también miembro del Comité, Antonio Ortegón, por llegar a un acuerdo que aporte las garantías necesarias para la continuidad de la actividad, sin que la Corporación regional llegue a efectuar la “jugada clásica” de imponer peores condiciones laborales bajo la “amenaza” de un ERE.
Un aspecto que la consejera niega, y asegura que los empleados “van a permanecer con todos sus derechos”, como la antigüedad o la naturaleza de su contrato laboral. El único apartado que se verá mermado en algunos casos es el de los complementos estipulados en un convenio anterior a la crisis económica y que han sido detraídos del resto de empleados laborales de la Comunidad Autónoma, explica, y que supondrá una disminución “asumible frente a un despido”.
“No hay ultimátum ni engaño por parte Consejería, pido que recapaciten y si hace falta dar un plazo más, estoy dispuesta a darlo, pero que no se queden en la calle, que la situación está muy difícil”, apostilló Luengo antes de conocer la decisión del Comité de convocar una huelga indefinida.
Criterios territoriales
Ortegón denuncia que la fórmula planteada por Luengo “no tiene la más mínima coherencia” en lo que se refiere a I+D, que terminaría quedando dividida. A juicio de Mendoza, dicha división responde únicamente a criterios territoriales, porque el grupo de Tenerife permanecería al ITC y seguiría siendo dependiente de la Administración regional, mientras que la plantilla de Gran Canaria “que da la casualidad de que representa el grueso de la I+D”, sería transferida a la Fundación Parque Tecnológico, que “no tiene garantizada su propia subsistencia”.
En ese sentido, manifiesta que “tenemos la sensación del único criterio con que se está administrado todo este problema del ITC, no es más que el de reparto de parcelas de poder en el Gobierno de Canarias”. Al respecto precisa que el Instituto depende políticamente de la Consejería que dirige la socialista Luengo, pero económicamente lo hace de la Agencia Canaria de la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que se encuentra en manos de Presidencia del Gobierno y por tanto de Coalición Canaria (CC).
“La división es un plan viejo de CC, que ahora puede aplicar sin ningún tipo de coste político, porque los problemas laborales lo tiene que gestionar Luengo, pero quien lo decide es la consejería de Hacienda, sencillamente cerrando el grifo de dinero del ITC”, concreta Mendoza. En este punto, Ortegón critica las “concesiones” que PSC está otorgando a los nacionalistas.
Para el presidente del Comité de Empresa, existe la “clara voluntad” de cerrar el Instituto y que el núcleo de la innovación, que gestiona los fondos procedentes de la Unión Europea (UE), quede en manos de la ACIISI y por ende, de Coalición Canaria. “Cuando comprobemos que los activos de ITC que generan dinero se van a la Agencia, a Tenerife, sin embargo las deudas que tiene ITC serán endosadas a la Fundación Parque Científico-Tecnológico, aquí hay algo que suena tremendamente injusto y desigual”, apostilló Ortegón.
Luengo rechaza la pugna interterritorial y asegura que unas 50 personas de la isla redonda permanecerán en el ITC, además de otras tantas en Tenerife, donde deudas y fondos europeos no quedarán en un único lugar, puntializa.
Uno de los puntos en los que no coincide la versión de los representantes de los trabajadores y la consejera es en el ánimo de negociar. Luengo asegura estár “abierta” a alcanzar un acuerdo y lamenta que “a mí no me ha dicho nadie nada. Por otro lado, Mendoza denuncia que ”en ningún momento se nos ha escuchado“ y dice haber puesto sobre la mesa medidas opcionales para la supervivencia del ITC, como la incorporación de nuevos agentes institucionales al organismo.
Los representantes del Comité de Empresa anuncian la convocatoria de una próxima concentración de los trabajadores del ITC frente a la Consejería regional de Industria contra la iniciativa de Luengo, que calificaron como una invitación a “suicidamos o dejarnos matar”. Una protesta que esperan que sea “masiva”.
