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La ''ultraperificidad'' canaria no impedirá la regulación del sector servicios

LA UE HA APROBADO UNA LEY PARA IMPULSAR EL CONSUMO

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El Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español está recorriendo todas las comunidades autónomas para informar a los empresarios del sector servicios sobre el Anteproyecto de Ley sobre el Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios, que estará aprobado a principios del próximo año y que supone la adaptación de una directiva europea sobre este sector a la realidad y legislación española. El consejero de Economía canario, José Manuel Soria, en el acto de inauguración de las Jornadas informativas en la capital grancanaria, confió en que "la ultraperificidad" de Canarias no impida que las Islas se beneficien de la nueva normativa europea.

En líneas generales, esta normativa "introduce mayor libertad" en el ejercicio de la citada actividad económica e "introducir libertad en la Economía siempre es bueno", agregó Soria. El consejero añadió que "no conozco ningún proceso a lo largo de la historia económica en el que habiéndose introducido más libertad no haya habido más prosperidad , bienestar y más avances".

Sin embargo, puso de relieve que "en Canarias existen una serie de singularidades reconocidas por la propia Unión Europea que en nuestra condición de ultraperificidad permite hacer una modulación en la aplicación de determinadas políticas". Ahora bien, Soria manifestó que esta realidad "no puede convertirse en argumento para justificar o fundamentar el que Canarias quede al margen de los beneficios evidentes que la aplicación práctica de la directiva de servicios tendrá en toda Europa, España y también en Canarias".

El secretario general de Política Económica del Ministerio, Ángel Torres, correspondió a las palabras del vicepresidente afirmando que la directiva de servicios es de "alcance general y afecta a todos los servicios de la Economía excepto los que están explícitamente excluidos". En estos momentos, Ministerio y comunidades "estamos desarrollando una labor de evaluación de toda la regulación de procedimientos y normativas que afecta a los servicios para ver si son consistentes o no con los principios de la normativa europea". En caso de que no lo sean "habrá que plantear su modificación".

Torres explicó ante una nutrida representación del empresariado grancanario, que en las Islas este sector es "el más dinámico y estable" por la implantación del Turismo. En cifras representa el 75% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 77% del empleo en las islas y sin embargo, existen a nivel nacional "carencias importantes" por una "regulación obsoleta e inadecuada" que provoca "una ausencia de competencia y una estrechez de los mercados".

El anteproyecto de Ley formulado desde el Ministerio y cuya aprobación está prevista para los próximos meses, pretende simplificar "los trámites administrativos y burocráticos" para promover la creación de empleo y la competitividad. Entre los objetivos destaca la creación de una ventanilla única, en la que consumidores y empresarios puedan obtener la información necesaria sobre cualquier trámite "por vía electrónica, en toda la Unión Europea y a todos los niveles".

Hito europeo

Torres y Soria coincidieron en señalar que la aplicación de esta directiva en todo el territorio europeo supondrá un hito similar a la formulación de la libre circulación de capitales y personas o la adopción de una moneda única en todo el territorio europeo.

Su aplicación en España pretende reducir las trabas" injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad", proporcionando un entorno "favorable y transparente" para incentivar la "creación de empresas y que genere ganancias en eficiencia, productividad y empleo en las actividades de servicios". Desde el Ministerio confían en que suponga también "un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos".

El régimen general que establece la Ley es de "la libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio nacional" y regula como "excepcionales" la imposición de restricciones a estas actividades.

La Ley se ordena en cinco apartados. En el primero consolida el principio de libre establecimiento para prestadores españoles y de cualquier otro país de la UE por lo que establece el principio de que un prestador establecido en España podrá ejercerla en todo el territorio nacional. En segundo lugar consolida el principio de libre prestación de servicios por empresas establecidas en países de la UE .

En tercer lugar impulsa la simplificación de trámites y potencia la protección de los derechos de los consumidores. En este cuarto apartado la Ley garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a las ofertas de cualquier empresa en todo el territorio nacional en condiciones no discriminatorias.

Por último, la Ley pretende reforzar los mecanismos de cooperación administrativa entre las autoridades competentes a nivel europeo.

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