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El viceministro de Venezuela cree que Rivero ''manipula''

PARA 'DEFENDER INTERESES ELECTORALES PERSONALES''

El dirigente latinoamericano y el jefe del Ejecutivo canario dirimen sus diferencias en Twitter.

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El viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Temir Porras, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que más que defender los intereses de los residentes isleños en el país latinoamericano sus palabras suenan a "manipular".

Porras responde de este modo a un mensaje que Rivero le dejó en su cuenta de la red social Twitter. "Interferir en asuntos internos de Venezuela por sus intereses electorales personales, más que defender suena a manipular...", afirma.

Previamente el jefe del Ejecutivo canario le había señalado que "el respeto a Venezuela no está reñido con la defensa de los inmigrantes canarios". Todo comenzó cuando, tras una visita a finales de enero de Rivero al país latinoamericano y en la que ofreció una rueda de prensa, Porras anotó en su cuenta: "Presidente de la Comunidad Canaria, clausura una visita privada por una rueda de prensa. Privada o no, que sepa que esta fue la última".

La polémica se trasladó entonces a la red social y así no sólo el viceministro criticó a Rivero. Además un periodista venezolano ha llamado a Rivero "imperialista". "Sólo apoyo los intereses de los emigrantes canarios", replica el presidente del Gobierno canario.

Asimismo Rivero indica a otro usuario que "no le consta" que haya alguna queja oficial contra él por parte del Gobierno de la República Bolivariana. Añade que todo esto le ha cogido por sorpresa.

Temir Porras cuenta con 3.303 seguidores en Twitter, mientras que Rivero se queda con 537. Ninguna de las dos cuentas está "verificada", es decir, no hay constatación oficial de la red social de que pertenezcan a la persona que dicen pertenecer, aunque Rivero sí ha publicitado que dicho perfil es suyo y está vinculado al presidente del Gobierno canario.

El Consulado de Venezuela en el archipiélago ha declinado valorar la polémica suscitada y ha explicado que en estos casos quienes se deben pronunciar son las personas o administraciones afectadas directamente.

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