Colectivos sociales de las Islas se unen contra “la dictadura del beneficio”
Siete colectivos sociales y ciudadanos de a pie que han vuelto a verse y debatir en el tercer encuentro por la defensa de los valores sociales y medioambientales del territorio canario, organizado por la Plataforma Canarias Territorio Sostenible, coinciden en un nexo común: no sé está haciendo una planificación que responda a la cohesión social y a la integración del ciudadano, sino que se usa el territorio únicamente para sacarle rendimiento económico. La Plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, fue el foro elegido para este nueva cita, el 27 de enero.
La filosofía de estos colectivos parece encajar con los argumentos de Nuccio Ordine, en su manifiesto La utilidad de lo inútil en cuya introducción dice: “Es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que los rodea -la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos- no despierta ningún interés”.
Con otras palabras pero en la misma dirección avanzaron las conversaciones y argumentos de quienes tomaron la palabra en esta reunión. Este encuentro es el tercero y se mantendrá con una periodicidad quincenal, los sábados alternos de cada mes. Resultó llamativa la charla que ofreció Cleia Montesdeoca, miembro del colectivo Agaete sin macro muelle, quien señaló “las tres mentiras” mediante las que los interesados suelen convencer a la ciudadanía para llevar a cabo propuestas como la de la construcción de centros comerciales o el “poco o mal debatido” actual Proyecto del Muelle de Agaete. Las tres mentiras a las que se refirió “se usan para defender y ejecutar proyectos que no recaen sobre el beneficio de todos y son: la creación de empleo, el mínimo impacto medioambiental o las exigencias de la UE”.
Así lo expuso la activista que lleva trabajando desde la primavera del 2016, informando a los ciudadanos sobre las consecuencias de este “despropósito”. “Los planes de impacto ambiental y lo referente a este tipo de proyectos están envueltos en una serie de tecnicismos que no están al alcance de la mayoría, de esta forma muchas veces se ejecutan y se materializan porque aparentemente cuentan con el apoyo de la sociedad, cuando lo que ocurre es que no se han enterado”. Cleia contó como, tras un arduo estudio de los planes de impacto ambiental presentados en 2003 y en 2009, de la traducción de todo ese lenguaje técnico con el que tuvieron que familiarizarse, -“una pechada a estudiar”, aclara Cleia-, lograron reunir a medio centenar de personas en la plaza de Agaete. El objetivo era trasladar la información clara a la ciudadanía y así lo hicieron. Muchos de los asistentes, -asegura Cleia- se enteraron entonces de que el proyecto consistía en la construcción de un dique de algo más de medio kilómetro mar adentro, que contempla además la instalación de una gasolinera y unos 235 amarres deportivos. “Sería dinamitar un espacio natural de paz y tranquilidad como es el Puerto de Las Nieves”, opina. Entre las distintas iniciativas que han emprendido, como una manifestación en Agaete, reuniones y el contacto directo con los vecinos, se han dado cuenta, comenta durante su intervención, que muchos de los agaetenses que están a favor están convencidos del aumento de los puestos de trabajo y aluden a lo que Cleia denominó las tres mentiras.
Las tres mentiras
Las exigencias de la UE. “Es cierto que la UE dictamina que no puede haber sólo una naviera operando en el muelle de Agaete, pero este problema que compete al Gobierno de Canarias, se arreglaría ampliando la zona de los muelles de atraque sin tener que realizar toda esa mega obra que han proyectado”. Recordó la declaración hecha en redes por Santiago de Armas Fariña, miembro del órgano asesor de Puertos Canarios, quien publicó “la solución a este problema de competencias en el muelle de Agaete es como matar moscas a cañonazos”. Por otro lado aportó datos de estudios propios sobre la tasa de ocupación actual de los dos barcos que operan hoy en día de la Compañía Fred. Olsen Express, “el Bonanza con una ocupación del 31.53% y el Bentago, con un 25,69%”.
La creación de puestos de trabajo. “Nosotros estimamos que este crecimiento económico es más ilusión que realidad, así han convencido a algunos vecinos de Agaete que se han sumado a los que profesan esta política, pero la realidad es que luego, el perfil que solicitan para cubrir puestos de trabajo es el de especializados, técnicos, etc…y no recae en la mejora de la tasa de desempleo del municipio. Se sabe que desde que se creó el Puerto actual en 1999 el desempleo en la zona norte no ha parado de crecer, por lo tanto no hay la correlación que se dice”.
No tendrá impacto ambiental ni paisajístico. “Ante esta afirmación, cuando hablamos de un municipio que está inmerso en la Reserva de la Biosfera y se trata de la construcción de un dique mar adentro, imaginamos que afectará el ecosistema marino. La cantidad de maquinaria de peso que se usaría para realizar las obras, el paso de los camiones entrando y saliendo…”¿Quién no se ha puesto unas gafas para margullar en la playa de Agaete y ha podido ver que ya hay tierra estancada?“, preguntó la activista al público asistente. Lógicamente esto iría en aumento. Si a la vista está lo turbio de nuestros mares, qué habrá si lo ponemos bajo la lupa de análisis serios.
Otro de los temas que se trajeron a debate fue la conflictiva ley denominada Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, a la que se hizo alusión en varios momentos de la reunión. “La norma atenta contra derechos fundamentales garantizados por la UE y contraviene las garantías medioambientales comunitarias ya que, bajo los llamados proyectos de interés insular o autonómico, permite que ”en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación urbanística“ se puedan ejecutar infraestructuras turísticas, industriales, sanitarias… que pueden ser aprobadas de ”forma autónoma“, afirmó el profesor de Derecho Constitucional y concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez.
El Foro por La Isleta habló de su programa a favor de recuperar espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía y se quejó de que el Istmo fuera punto de mira para especuladores. El colectivo Tindaya no se toca recordó a los asistentes “el despropósito de una operación en la que, a pesar de la poca claridad que hay en la gestión, calculamos que se han invertido ya más de treinta millones de euros sin moverse ni una piedra, ni en la ejecución de la obra que por el momento se encuentra paralizada ni en trabajos de protección y conservación del espacio natural. Hoy cuenta con siete figuras legales de protección pero se encuentra en estado de abandono sin haber un estudio que informe del posible deterioro que ha sufrido durante todo este tiempo, aseguró Nayra Martín, miembro del colectivo.
La Plataforma por el desarrollo sostenible de Firgas también intervino e hizo mención a la protección del Parque Rural de Doramas como prioridad.
El gas
Asamblea contra el gas GC planteó su preocupación sobre la prevista instalación de una red de gas propanado con un coste de 125.000.000 euros para la cual ya se ha solicitado un crédito por la mitad del presupuesto. La instalación de esta red supondría, además del gasto señalado, las obras de instalación y lo peor es que se dejaría de invertir todo ese dinero en energías renovables cuando es el compromiso que se desea por la mayoría de los ciudadanos de la sociedad canaria. Con lo que quieren convencer a la ciudadanía es con un ahorro de 100 euros al año que, según fuentes de medio ambiente, ni siquiera sería un ahorro real, pues se incluiría en pequeñas cantidades en la factura sin que el cliente pudiera, a menos que estudie la factura en detalle, darse cuenta.
El exministro, eurodiputado y ponente de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco, ya ha explicado que no sabe si la posible introducción de una red de aire propanado en las principales ciudades de Canarias va a ser una inversión que se va a poder rentabilizar.
Durante la misma charla de Asamblea contra el gas GC, intervino Pilar Álvarez, concejala de Sostenibilidad por EQUO en el Ayuntamiento de Las Palmas. Explicó a este periódico cómo el Grupo Redexis Gas, uno de los principales grupos empresariales dedicados a la construcción, operación y mantenimiento de redes de transporte y distribución de gas natural y gas licuado del petróleo en España, ha sido el ganador del concurso, recurrido por otras empresas que optaban al mismo contrato.
La realidad actual es que tanto el Gobierno canario como la propia empresa han empezado una campaña de comunicación en la que intentarán convencer a los ciudadanos para que cambien su termo eléctrico por uno de gas, asegurándoles un ahorro importante en las facturas. Así que ahora, asegura Pilar Álvarez, lo importante es hacer llegar a los ciudadanos la información real, “esos 100 euros de ahorro anuales en la factura individual tapan una inmensa cantidad de gasto que no recaerá más que en la sociedad”. “Se trata de informar a los vecinos, que sepan y entiendan la operación en su conjunto y que sean conscientes de que hay un 80% de la población que se ha manifestado a favor de las energías renovables”.
Pilar señaló que lo que más teme es que lleguen a las puertas de las casas, pues con el ahorro, como con la generación de empleo, se llevan a mucha gente al huerto. Entre otros factores contra el gas se señalaron que no es un producto que generemos y nos haría seguir dependiendo, el inmenso gasto en una instalación prescindible, no son energías renovables y que siendo cierto que contamina menos que el petróleo, si contamina más que el sol y el viento. Sin tener en consideración diversos riesgos latentes que conlleva la instalación y su uso como explosión, incendio, asfixia…
Por su parte, Carlos Romero moderador de este encuentro y miembro de la Plataforma Canarias Territorio Sostenible, observó que aunque “las luchas de cada colectivo son diferentes comparten la crítica al modelo económico en el que vivimos, un modelo, -subrayó- con muchas lagunas y generador de crisis tanto individuales como sociales”. Hizo hincapié en el tema que abordó el Sindicato de Inquilinos de GC: “Se está expulsando a la gente de sus viviendas, es una situación realmente dramática. Cuando te toca verlo en la tele es duro pero cuando te ocurre y te ves con la maleta saliendo por la puerta, es cuando realmente ves el grado de injusticia al que nos somete un sistema en el que todo pasa por el tamiz de lo rentable y lo mercantil”, aseguró Carlos. No es solo cuestión de los empresarios, los ciudadanos lo tenemos interiorizado y asumido y aún nos cuesta ver que es un mal a cambiar. Los alquileres a través del B&B han propiciado que los propietarios y empresas mediadoras aumenten los precios de las viviendas y se echan a los que venían pagando un alquiler ya alto, para poder rentar las viviendas a un precio más alto aún. Las consecuencias ya han alertado a las islas de Lanzarote y Fuerteventura donde no hay alquileres en las ciudades y los pocos que existen son a precios desorbitados.
Lo bueno es mejor que lo útil
Poner freno a esta histeria mercantil que da lugar a drásticas incoherencias como que Canarias sea una de las zonas más turísticas del Estado y a la vez uno de los territorios más pobres, que apenas hace un año alcanzáramos una de las tasas de paro más altas de España con un 26% de desempleados, o que un 35% de la población esté situada por debajo del umbral de la pobreza, no es sencillo, es más bien complejo, pero lo que sí se sabe, según un análisis de los investigadores de la Universidad de La Laguna José Saturnino y David Padrón es que “apostarlo todo a la recuperación económica y al establecimiento de medidas de actuación de carácter paliativo no traerá consigo una convergencia sustancial hacia los estándares de ingresos, desigualdad y pobreza existentes en otras regiones españolas”, como recogen en su informe Desigualdad, pobreza y cohesión social en Canarias. Análisis de su incidencia y distribución entre la población canaria.
Decisiones como las del macro muelle de Agaete, la situación de las viviendas vacacionales, el ya conocido B&B de alquiler, la construcción de centros comerciales o incluso el caso de la Montaña de Tindaya son asuntos aparentemente muy dispares pero con un fuerte nexo en común; en todos y cada uno de ellos prima la rentabilidad a corto plazo, la ganancia material, sin atender a valores medioambientales y sociales. La tensión necesaria entre ambas fuerzas se ha escorado y ha caído claramente hacia el lado del dinero, del beneficio rápido y a cualquier coste. El equilibrio no se alcanza sólo con estas medidas ni el prometido desarrollo de las islas será duradero.
El beneficio económico se sitúa así frente al bienestar de una sociedad, cuando debían ir de la mano, logrando así una disminución de las desigualdades sociales, respetando lo máximo posible la naturaleza que, como podemos ver, sigue quedando bajo cemento. Crece la dicotomía entre ricos explotadores y pobres degradados. Los colectivos no pierden la esperanza de encontrar el cauce o puente entre los que abogan por la hegemonía económica y los que opinan que lo bueno es mejor que lo útil. Estas reuniones con carácter periódico se organizan para exigir políticas más humanas e integradoras. Para ello lanzan una invitación a todo ciudadano que quiera sumarse a la labor de organización y activismo que está llevando a cabo la Plataforma Canarias Territorio Sostenible.
