REF: el fuero desconocido de los canarios

Grúas en el Puerto de la Luz y de las Palmas

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta del Ejecutivo de España, Soraya Sáenz de Santamaría, aprobaron el pasado 20 de marzo con un fotográfico apretón de manos el texto definitivo para la modificación de los aspectos económicos recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), acabando así con casi dos años de negociaciones que se iniciaron el 27 de julio de 2015 para reformar una parte sustancial del fuero canario que había quedado obsoleta tras 23 años sin ser tocada.

La reforma del REF afecta directamente a la cotidianeidad vital de los habitantes de Canarias, sigue pasando desapercibida para la opinión pública, quizás porque los aspectos fiscales del fuero canario, que han primado durante décadas a la clase empresarial, ha obviado que el bolsillo de los comunes también se beneficia del especial régimen que tienen las Islas desde los tiempos de Juana La Loca.

El REF es más que una serie de incentivos fiscales para los empresarios, mucho más. Todo es REF y, sin embargo, el grueso de la sociedad canaria no tiene incrustado en su subconsciente, como pasa entre vascos y navarros, su importancia.

Hasta la Generalitat catalana, antes de su deriva independentista, quería un régimen especial. Al no conseguir una promesa política al respecto, se lanzaron al independentismo.

Incluso desde el punto de vista político, el REF ha condicionado el devenir archipielágico. Fue la excusa oficial de la moción de censura que el entonces vicepresidente Manuel Hermoso puso al presidente Jerónimo Saavedra en 1993 y que apeó a los socialistas del Gobierno regional durante 18 años. Una moción de censura para la que se creó ex profeso Coalición Canaria (CC).

Todo es REF. Y tres comunidades autónomas (Euskadi, Navarra y Cataluña) tienen claro lo que es poseer una singularidad económica y fiscal. La sociedad canaria, no.

Generar energía en Canarias es más caro que en cualquier lugar de la Península. Sin embargo, y gracias al REF, no pagamos más en la factura eléctrica al establecer compensaciones que garantizan precios equivalentes a los vigentes en el conjunto del país. Otro bien escaso y caro es el agua. Por ello, el REF incluye subvenciones para la producción del agua desalada o reutilizada sin las cuales su precio sería mucho más elevado.

O estar conectados por teléfono o por internet, a pesar de la lejanía, no es más caro gracias al REF, que establece que una llamada entre Canarias y cualquier punto de España no puede ser más cara que una conexión entre los dos puntos más alejados de la Península.

Gracias al desconocido fuero canario, en las Islas no se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en su lugar tenemos el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuyo tipo general es del 7% a diferencia del 21% que se paga en el resto de España.

También disponemos de una fiscalidad menor en los impuestos especiales que afectan al combustible, por lo que llenar el depósito del coche es muchísimo menos sangrante para el bolsillo que en la Península.

Papel mojado

Unas ventajas de las que el común de los mortales de esta parte de la Macaronesia no parece ser consciente. Quizá por ello siempre pasa desapercibido socialmente que el Tribunal Constitucional haya convertido reiteradamente el REF en papel mojado, eximiendo al Estado de la obligación de destinar a las Islas al menos la media de la inversión para el conjunto de las comunidades autónomas.

Otro agravio más que añadir al déficit que Canarias tiene con el Estado, ya que el cupo de Euskadi y el régimen foral de Navarra se aplican automáticamente año a año sin lugar ni para la discusión ni para el debate ni para los incumplimientos.

Quizá por ello, en mayo de 2013 la entonces presidenta del Partido Socialista Canario-PSOE, Dolores Padrón, afirmó que “el REF se debe anclar definitivamente en el Título VIII de la Carta Magna, para que nuestros derechos históricos como canarios, que se remontan a los tiempos de la Reina Juana de Castilla, no puedan ser interpretados ni política ni jurídicamente”.

Lo dijo durante un debate parlamentario en el que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, estuvo de acuerdo: “El REF no puede seguir dependiendo de la voluntad política del Gobierno de España o de la capacidad de los partidos políticos para llegar a acuerdos de conveniencia” con los distintos ejecutivos del Estado.

Por ello, la clase política canaria lleva el último cuatrienio, sin excepciones, enarbolando la bandera del anclaje del REF en la Carta Magna española como si de un mantra se tratara. Y es que la Disposición Tercera de la Constitución, que obliga al Gobierno del Estado a recabar un informe previo de la Comunidad Autónoma si quiere cambiar el REF, no es garantía ni blindaje suficiente.

El fallido intento de blindaje de 2006

El propio TC lo advirtió hace casi 15 años en su sentencia número 16/2003, en la que diferencia entre la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” (Euskadi y Navarra), y la Tercera (Canarias) que tiene solo carácter consultivo.

Parece claro, por tanto, que el REF solo funcionará si logra un reforzamiento que lo equipare a los regímenes forales y, por ello es necesario, como decía Padrón en 2013, que “empresarios, sindicatos, y toda la sociedad se una con el fin de conseguir de una vez por todas que nuestros derechos históricos sean indubitadamente constitucionales, sin estar sujetos a ninguna interpretación interesada por el Gobierno central de turno”.

Ese blindaje ya se intentó en 2006, con la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía que, por una torpe decisión política del primer Gobierno de Rivero, se decidió retirar en 2007 de su tramitación en las Cortes. Una decisión que permitió las sentencias del TC haciendo irrecuperables los miles de millones de euros de los incumplimientos de los artículos 95 y 96 del REF con los que, seguramente, se habrían evitado los brutales ajustes presupuestarios a los que se ha visto abocada Canarias desde que estalló la crisis en 2008.

El REF es vital siempre, pero aún más en tiempos de crisis, pues no en vano se promulgó para “regular la vida económica canaria durante el tramo final del siglo XX y primeras décadas del XXI” incluyendo en el mismo “mecanismos de flexibilidad con los que hacer frente a variantes que sucedan tanto en el entorno económico internacional y comunitario como en los escenarios internos”.

Nacido en el siglo XV

Para entender su trascendencia hay que recordar que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación comunitaria que ha regulado la integración de Canarias en la Unión Europea (UE) desde 1986 han respetado la singularidad fiscal del Archipiélago, que arranca en el siglo XV, con su incorporación a la Corona de Castilla.

La razón de que a Canarias se le apliquen históricamente ventajas económicas y fiscales obedece a factores geográficos, institucionales y estructurales entre los que los más conocidos son la insularidad, la lejanía, la escasez de recursos naturales, el carácter reducido y fragmentado de su mercado interior y la alta dependencia del exterior.

Entre los argumentos defendidos para reformar la Ley de 1972 sobre el REF, que marcó de manera decisiva el actual rumbo económico del Archipiélago desde 1994 tuvieron un peso decisivo, precisamente, los relativos a la incorporación el 1 de enero de 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

Tras haber negociado una serie de excepciones centradas en el artículo 24 del Acta de Adhesión (que remitía al Protocolo número 2), Canarias entra, con el resto de España, en la CEE, con su propio REF. En consecuencia quedaba fuera de la Unión Aduanera; la Política Agrícola Común (PAC); la Política Pesquera Común (PPC), y el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En el Protocolo número 2 se establecían, entre otras cuestiones relevantes, unas normas para regular los intercambios de mercancías entre las Islas y el resto de la CEE.

Sin embargo, se alzaron voces que denunciaban que el sistema de integración de Canarias estaba limitando su desarrollo económico, lo que provocó la modificación de la adhesión, instando a una mayor integración de las Islas en la entidad supranacional.

El REF de 1994

En junio de 1991, el Consejo Europeo adoptó el Reglamento 1911, relativo a la aplicación de las disposiciones del derecho comunitario en Canarias, y la Decisión 91/314/CEE, por la que estableció el Programa Específico para la Lejanía y la Insularidad de Canarias (Poseican), semejante al de los territorios franceses de ultramar (DOM), dentro del que se enmarcó el Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

Ese mismo año, al considerar que el REF de 1972 no iba en consonancia con los objetivos de la UE, se aprueba la Ley de Modificación de los aspectos fiscales del REF, a la que sigue la Ley de Modificación las Bases Económicas de 1994.

En la cumbre de Ámsterdam de 1997, el Consejo aceptó la inclusión en el Tratado Europeo de un artículo que reconoce la necesidad de establecer medidas especiales para regiones ultraperiféricas como Canarias.

Este artículo, el famoso 299.2, fue la principal base jurídica de España para solicitar a la Comisión el mantenimiento permanente de las especificidades con carácter transitorio para las Islas.

El 1 de enero de 2007 entró en vigor la modificación para adaptar la Ley del REF, que debía estar en vigor hasta final de 2013 pero que el Gobierno central, unilateralmente, decidió prorrogar un año, ya que las negociaciones con el Ejecutivo regional estaban estancadas, como las relaciones entre ambas administraciones por la animadversión personal existente entre el ex ministro José Manuel Soria y el ex presidente Rivero.

El nuevo REF

El nuevo REF fiscal, que entró en vigor en 2015 con la finalidad de contribuir al desarrollo social, la diversificación económica y la creación de empleo en las Islas, permite ventajas que se estima que han supuesto un ahorro fiscal superior a los 7.000 millones.

Por lo que respecta al recientemente aprobado REF económico (que aún debe ser avalado por el Parlamento y que no entrará en vigor hasta 2018), que es el que afecta directamente a la cartera del común de los mortales, supone importantes avances como la consolidación de un tratamiento diferencial a Canarias en la concesión de fondos específicos y suplementarios en materia de políticas de empleo; la financiación por parte del Estado del POSEI adicional entre un 50 y un 75%; o la consolidación de las ayudas al transporte aéreo de residentes entre Canarias y Península e interinsular de un 50% del billete e incrementar la ayuda al transporte marítimo interinsular del 25 al 50% y mantener el apoyo presupuestario al transporte público terrestre.

Como dijo el consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, el texto incluye el 90% de las propuestas que de forma unánime aprobó el Parlamento en la pasada Legislatura y “tienen incidencia directa en los canarios” con medidas concretas que van desde “garantizar que Canarias tenga una presión fiscal menor”; pasando por consolidar en el precio de los billetes el 50% del descuento de residente, ya que lo que estaba consolidado era el 33%; el incremento del 25% de bonificación al transporte marítimo; o el mínimo del 70% del transporte de mercancías; un tratamiento diferenciado en la concesión de becas para los estudiantes o políticas específicas de empleo para las Islas.

O como ha afirmado el presidente Fernando Clavijo, “después de 24 años pasamos de tener un REF del siglo pasado, a un REF del siglo XXI. Lo más importante es que los aspectos económicos fueron durante mucho tiempo absolutamente intocables y, sin embargo, nuestra economía, nuestra sociedad ha evolucionado”.

Otro hito importante es haber conseguido sacar el REF del sistema de financiación autonómica, permitiendo que Canarias pueda participar de los Fondos de Compensación del Gobierno central que se destinarán a sanidad, educación, servicios sociales y justicia.

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