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El Gobierno canario ha gastado entre 18 y 26 millones en el proyecto de Chillida para Tindaya sin mover una piedra

La consejera de Turismo del Gobierno regional ha cifrado el quebranto en 17,5 millones de euros; el anterior consejero de Política Territorial lo cuantificó en 25,7

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Montaña de Tindaya.

Montaña de Tindaya.

La hasta ahora fallida construcción del Monumento de Tindaya, la montaña mágica de Fuerteventura, ideado por el fallecido escultor Eduardo Chillida fue el primer caso que demostró por las malas que las leyes y decisiones del Gobierno de Canarias pueden culminar en que la Comunidad Autónoma abone un dinero público con el que no se contaba al principio. Tebeto, Vanyera 3 y, ahora, la Ley que promueve el Cabildo de Tenerife para proteger los Barrancos de Güímar ha reanudado la polémica sobre la aprobación de normas que pueden arruinar las arcas autonómicas.

Dos décadas después de que Chillida tuviera en 1996 la “intuición” de su “utopía”, las polémicas políticas, sociales y judiciales, trufadas de perdidos fondos públicos, multimillonarias indemnizaciones y cambios legislativos, han provocado que aún ni siquiera se conozca cuanto dinero público se ha desembolsado para sacar adelante un monumento que sigue en dique seco.

La última cifra la aportó la consejera de Turismo, Teresa Lorenzo, el pasado mes de abril en sede parlamentaria: 17,5 millones de euros, de los que 1,9 se deben a las costas judiciales en las que el Ejecutivo regional se ha visto envuelto desde que abanderó su construcción.

Sin embargo, en 2008 el entonces consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, dio una cifra bien distinta y bastante superior: 25,7 millones de euros.

Subvenciones pagadas por el Gobierno de Canarias a Saturno.

Subvenciones pagadas por el Gobierno de Canarias a Saturno. (Cedida a Canarias Ahora).

En aquella comparecencia Berriel precisó que para la adquisición del monumento se habían pagado 7,8 millones de euros; casi un millón de euros se invirtió en una exposición; medio millón fue a parar a notarios y letrados; 1,9 millones se destinaron a estudios de viabilidad del proyecto y otros 1,6 millones más a sondeos. 

Y eso sin olvidar que la empresa pública Saturno (Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, SAU) “ha pagado, por un lado, 12.983.000 euros y, por otro lado, a la empresa se le han pagado otros 12.733.000 euros; 11.779.000, que se le están reclamando, en concepto de los gastos de estudio e implantación y el IGIC”.

Segunda contradicción

Y es Saturno la protagonista de la segunda contradicción en la que incurrió la consejera Lorenzo en el mes de abril en su debate con la diputada de Podemos Natividad Arnaiz. Así, Lorenzo aseguró que “el Gobierno de Canarias no aporta cantidades al proyecto desde el año 2008, excepto las aportaciones que tienen que ver con la defensa jurídica de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma”.

Sin embargo, en una documentación por escrito solicitada por Arnaiz y remitida a la diputada por las consejerías de Presidencia, Turismo y Política Territorial, se afirma que más allá de 2008 el Ejecutivo ha subvencionado a Saturno con 1,5 millones en los años 2012 (73.476 euros), 2013 (569.938 euros), 2014 (732.240 euros) y 2015 (125.000 euros). 

La consejera de Turismo, Teresa Lorenzo, incurrió en contradicciones el pasado mes de abril sobre lo que ha pagado la Comunidad Autónoma para sacar adelante la utopía del escultor vasco

Asimismo, Saturno participa directamente en Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT). Primero, con un 50% de las acciones (de la número 1 a la número 4.500), lo que supuso un desembolso de 2,7 millones de euros. Y ahora, tiene pendiente de resolver el procedimiento jurídico para la formalización de la adquisición en escritura pública del otro 50% de PMMT (acciones 4.501 a la número 9.000), que suponen otros 2,7 millones: en total, 5,4 millones.

Por tanto, de esa misma documentación gubernamental se deduce que hasta 2008 las cuantías abonadas por el Gobierno regional a PMMT ascienden a 8,6 millones de euros. El resto, hasta llegar a los 17,9 millones que dijo la consejera Lorenzo en el Parlamento, se han abonado con posterioridad.

Documento que revela el pago de los 8,6 millones de euros.

Documento que revela el pago de los 8,6 millones de euros. (Cedida a Canarias Ahora).

Pese a reconocer “el alto coste para las arcas públicas” que ha supuesto el proyecto de Chillida, la consejera insistió en que el mismo “se hará realidad”

En definitiva, el dinero de todos los canarios se pierde en una maraña de estudios de viabilidad, compra de participaciones, avales, catas y costas judiciales de tal magnitud que dos consejeros, Berriel y Lorenzo, han aportado cifras distintas de lo que está costando a Canarias oradar la Montaña Sagrada de los majos. 

El caso Tindaya

Un sinsentido que se inició en 1995, cuando el Ejecutivo, presidido entonces por Manuel Hermoso, declaró el proyecto de interés para las Islas, y prácticamente al unísono comenzaron las acusaciones de supuestas irregularidades en la compra de los derechos de la concesión minera a la empresa titular de la explotación, Canteras Cabo Verde S.A., de Rafael Bittini (el empresario que también trajo luego en jaque al Gobierno de Paulino Rivero con el caso Tebeto), inyectando unos 5,4 millones de euros, lo que alivió la situación económica de una empresa en pérdidas.

La actuación fue denunciada en reiteradas ocasiones por el Partido Socialista (PSC), que consideraba que la cantidad abonada era muy superior al valor real de la mina, que calculaban en torno a los 48.000 euros.

Una vez efectuada la compra, la entidad privada no quedó al margen del proyecto y constituyó el 50% de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), mientras que la titularidad del porcentaje restante recayó en el Ejecutivo regional, a través de la empresa pública Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno).

Inyección de 5,4 millones de euros del cabildo por el ‘caso Tebeto’.

Inyección de 5,4 millones de euros del cabildo por el ‘caso Tebeto’. (Cedida a Canarias Ahora).

La operación originó un revuelo de acusaciones que hicieron a Hermoso enviar al fiscal anticorrupción el expediente de compra de la concesión minera. Posteriormente, PMMT adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Necso Entrecanales y FCC Construcción el proyecto del escultor y le ingresó 12 millones de euros destinados a sufragar los gastos de estudios e implantación del proyecto, que nunca llegaron a realizarse, pues la UTE empleó el dinero en comprar los derechos de explotación de la cantera a Cabo Verde.

El dinero de todos los canarios se pierde en una maraña de estudios de viabilidad, compra de participaciones, avales, catas y costas judiciales

El Ejecutivo canario trató de recuperar en vano ese dinero acudiendo a la Justicia, pero en 2012 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dio la razón la UTE al considerar que no estaba obligada a devolver los 11,8 millones de euros concedidos en calidad de aval más los intereses. Además, los tribunales reconocieron el derecho de ambas empresas a recuperar el monto de la garantía, valorada en más de 2,1 millones, y a cobrar los intereses.

Pero ahí no acabó todo, en septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló las normas de conservación aprobadas por el Gobierno canario en 2010 para sacar adelante el monumento, pese a los valores arqueológicos de la montaña, y unas semanas más tarde, la Fiscalía provincial en Las Palmas ratificaba la petición de cuatro años de cárcel para el empresario Bittini por un delito continuado contra la Hacienda Pública.

Y es que, al parecer, el empresario no declaró como ingresos financieros 332.707 euros de la transmisión de acciones de PMM a Saturno (291.175 euros) no la cesión del crédito que Canteras de Cabo Verde realizó a TSVI Canarias por 41.351 euros.

Agujero negro

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que Arnaiz espetara a la consejera Lorenzo que la montaña sagrada de Fuerteventura “se ha convertido en un agujero negro por donde se cuela el dinero de la población canaria” y que prácticamente toda la oposición parlamentaria (a excepción de ASG) y los socios en el Gobierno de Fernando Clavijo (PSOE y CC) miren de reojo que la Ley de los barrancos de Güímar no se convierta en lo mismo.

Pese a reconocer “el alto coste para las arcas públicas” que ha supuesto el proyecto de Chillida, la consejera insistió en abril en que el mismo, “cuyos derechos son de las instituciones y del pueblo majorero y canario, se hará realidad”.

“Tindaya no se toca”, replicó la diputada de la fuerza morada.

De momento, no se ha tocado y ya ha costado, en el mejor de los casos 17,5 millones de euros. En el peor, 25,7.

Y el tiempo sigue corriendo.

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