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Admite ante el jurado que dejó morir a su hermano

EL FISCAL REBAJA A 10 AÑOS LA PENA

El marido y la hija de la acusada también conocían la desnutrición y abandono de la víctima en Telde.

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El fiscal ha rebajado de 13 a 10 años la pena de prisión solicitada para la mujer acusada de haber dejado morir a su hermano desnutrido y abandonado en la más completa suciedad y desatención en Telde (Gran Canaria), después de que esta haya reconocido los hechos ante la Audiencia de Las Palmas, según informa la agencia Efe.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 06/05/2013.- La mujer (i) acusada de haber dejado morir desnutrido y abandonado en la más completa suciedad y desatención a su hermano en marzo de 2010 en Telde (Gran Canaria), durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Las Palmas. Su marido (c) y su hija (d) también han admitido que conocían la deplorable situación en la que se encontraba su pariente y no hicieron nada por ayudarle, como plantea la acusación pública, que imputa a ambos un delito de omisión del deber de socorro. EFE/Elvira Urquijo A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 06/05/2013.- La mujer (i) acusada de haber dejado morir desnutrido y abandonado en la más completa suciedad y desatención a su hermano en marzo de 2010 en Telde (Gran Canaria), durante el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Las Palmas. Su marido (c) y su hija (d) también han admitido que conocían la deplorable situación en la que se encontraba su pariente y no hicieron nada por ayudarle, como plantea la acusación pública, que imputa a ambos un delito de omisión del deber de socorro. EFE/Elvira Urquijo A.

Su marido y su hija también han admitido ante el Jurado que conocían la deplorable situación en la que se encontraba su pariente y que no hicieron nada por ayudarle, por lo que el fiscal Javier Ródenas ha reducido también la multa pedida inicialmente para ambos por el delito de omisión del deber de socorro. Así, ha reclamado el pago de 10 euros diarios durante ocho meses, frente a los 18 euros al día que pedía durante doce meses.

Los tres acusados, al concluir la vista, han rehusado a ejercer su derecho a la última palabra ante el tribunal, al que el fiscal ha pedido que considere probado los hechos, que calificó de "espeluznantes" y que están "más que claros" y reconocidos por los tres procesados. La acusación particular, ejercida por Cristóbal Díaz, en representación del resto de hermanos de la víctima, se ha adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que el abogado de la defensa, Manuel del Río, ha mostrado su conformidad con la pena solicitada.

La confesión de los hechos por parte de los tres ha provocado que acusaciones y defensas hayan renunciado a todos los testigos que habían sido convocados por la Audiencia de Las Palmas a este juicio, de modo que solo han comparecido los dos médicos forenses que practicaron la autopsia de José R.C., que corroboraron su informe. El médico forense Francisco Javier Tapias, al igual que el fiscal, ha manifestado al tribunal que en su vida profesional nunca habían visto un cuerpo con ese deterioro, y ambos lo han comparado con el de un preso de un campo de concentración.

Tapias ha explicado que el fallecido sufrió una muerte violenta y presentaba una desnutrición severa y un proceso infeccioso por la formación de úlceras que llegaban hasta el hueso. Este proceso infeccioso le provocó un fallo multiorgánico debido al tiempo que permaneció en cama y al largo periodo que estuvo tumbado y apoyado sobre el mismo punto, ha señalado Tapias.

Minusválido psíquico en condiciones "horrorosas"

Javier Ródenas ha señalado al tribunal que el fallecido, que sufría una minusvalía psíquica y dependía de su hermana para las principales tareas diarias, falleció en unas condiciones "horrorosas".

La acusación pública ha subrayado que José R.C. perdió en dos meses 60 kilos, que pesaba apenas 25 cuando falleció y que padecía tal falta de higiene y de cuidados, que incluso se le había formado una colonia de larvas de cucaracha en una úlcera de un tobillo, como así han constatado los forenses. La principal acusada, Fabiola R.C., había asumido voluntariamente el cuidado de su hermano y cobraba la pensión de casi 1.200 euros mensuales que este tenía concedida, sin que destinase "jamás" ese dinero a su bienestar, según el Ministerio Fiscal, que además reclama a la acusada el pago de una indemnización de 38.000 euros para el resto de sus hermanos.

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