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Alcaide alerta de las deficiencias administrativas en el trato de la infancia

EN OCASIONES SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

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El diputado del Común, Manuel Alcaide, afirmó este jueves que las administraciones públicas olvidan el principio de responsabilidad pública de protección de menores y advirtió de que en el caso de menores extranjeros no acompañados se producen situaciones que vulneran derechos fundamentales.

Alcaide hizo estas afirmaciones en la presentación del informe de la institución correspondiente a 2007 en el que se insiste, dijo, en la existencia de deficiencias administrativas respecto al trato de la infancia en Canarias.

Afirmó que las quejas presentadas en esta área ponen de manifiesto ausencia de prevención para las situaciones de riesgo y maltrato, descoordinación entre las administraciones y falta de un protocolo de actuación para prevenir las situaciones de riesgo.

Alcaide indicó que además se incumplen los preceptos de la ley del menor cuando se abusa de la medida de acogimiento residencial de los menores frente a otras alternativas como el acogimiento familiar o el profesionalizado, que no se han puesto en funcionamiento en todas las islas.

También alertó de las situaciones en los centros de menores con medidas judiciales y que registran tanto quejas por parte de los familiares como de los trabajadores y que están referidas a la condiciones de estancia, a la falta de higiene y a la carencia de infraestructuras.

En menores extranjeros no acompañados, el Diputado del Común señaló que se producen situaciones que vulneran sus derechos y que la masiva llegada de menores ha reavivado la discusión sobre la competencia en la atención de éstos.

En su informe anual también se refiere a los discapacitados y al respecto subrayó que hay problemas de acceso a recursos especializados.

El diputado del Común advirtió de que la falta de recursos puede convertir la Ley de Dependencia en una mera declaración de intenciones.

1.227 quejas al diputado del Común

Manuel Alcaide recordó, en lo que previsiblemente será su última intervención parlamentaria dado que su puesto debe ser renovado, que en total se han presentado 1.227 quejas.

Precisó que las actividades clasificadas siguen siendo el área en el que más ha crecido el número de quejas por las molestias que ocasionan las actividades que resultan molestas, insalubres o nocivas para las personas.

En concreto se refirió a las quejas por la instalación de antenas de telefonía móvil y al respecto aconsejó a la administración autonómica que promueva una normativa que regule su instalación, aunque recordó que el ruido sigue siendo el principal motivo de reclamaciones de los ciudadanos.

También la lentitud judicial es, según explicó Alcaide, un motivo de preocupación ciudadana y recordó que la administración de justicia de Canarias tarda en resolver los casos una media de 6,75 meses.

De las 161 quejas recibidas en esta área, 97 se encuentran relacionadas con el funcionamiento de los tribunales, con el retraso en las diligencias y con la dilación en la entrada en vigor de las resoluciones.

En concreto aludió al incremento de asuntos en los juzgados de lo contencioso administrativo y al retraso que se acumula en los juzgados de lo penal.

El Diputado del Común dijo que también se han recibido numerosas quejas por lo tiempo de espera para las certificaciones o inscripciones en el registro civil, especialmente en de Puerto del Rosario.

El diputado del Común indicó que entre la población reclusa la principal queja es el cumplimiento de condenas en cárceles alejadas del lugar de residencia.

En el área de trabajo y función pública, Alcaide destacó las quejas por las irregularidades en los procesos selectivos para el acceso al empleo público y por los casos de acoso laboral.

El diputado del Común también destacó las quejas en materia de sanidad y salud pública por los graves retrasos en las listas de espera, por las deficiencias que se producen en los aceleradores lineales que tratan a los enfermos oncológicos o por el trato que reciben los pacientes.

También destacó las reclamaciones en materia de política territorial, lo que pone de manifiesto, dijo, los graves y reiterados incumplimientos urbanísticos y la falta de respuesta de las administraciones.

Alcaide destacó que otro grupo de quejas hace referencia a la falta de respuesta a los ciudadanos y subrayó que es preciso buscar una solución a "esta patología" de la administración canaria, que hace que los ciudadanos tengan que recurrir a la justicia.

En materia de vivienda, Alcaide dijo que a pesar de la desaceleración el precio de la vivienda se mantiene alto por lo que los poderes públicos deben garantizar el acceso a una vivienda digna.

Miguel Cabrera, del PP, dijo que es alarmante el crecimiento de las quejas por la falta de respuesta de las administraciones a los ciudadanos, hecho que vulnera la Constitución, y que atribuyó a la vagancia, la dejadez o el miedo a equivocarse de los funcionarios y las administraciones.

Cabrera también aludió a las situaciones de pobreza y señaló que de acuerdo con el informe la pobreza severa ya está en las islas y afecta al 2 por ciento de la población, y subrayó que es preciso implantar la justicia social.

Flora Marrero, del grupo de CC, dijo que el incremento de quejas puede ser positivo si ello refleja que hay un menor miedo de los ciudadanos a presentar reclamaciones y si supone una mayor información de la figura del Diputado del Común.

Sobre menores, Marrero recordó que Canarias tiene 2.507 menores en situación de desamparo y más de 4.000 en riesgo que son atendidos por la comunidad autónoma y señaló que el informe del Diputado del Común sirve como instrumento para que las administraciones trabajen.

Santiago Pérez, del grupo Socialista, se refirió a la tardanza en la renovación del Diputado del Común, lo que cuestiona su autoridad, y recomendó a Alcaide que no fuerce más su interinidad y tome una decisión que haga que se renueve este órgano.

Pérez se refirió a que las quejas sobre distintas materias como la de menores son las mismas que en otras ocasiones a pesar de que el Gobierno se define como de las personas, al tiempo que señaló que consejerías como las de Presidencia, Educación o Sanidad son las que menos responden a los ciudadanos.

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