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El Ayuntamiento de Mogán, obligado a abrirle expediente disciplinario a un funcionario simpatizante de Ciuca

El funcionario Salvador Álvarez, a la derecha de la imagen.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El Ayuntamiento de Mogán ha abierto un expediente disciplinario al funcionario Salvador Álvarez, simpatizante del partido de la alcaldesa, Onalia Bueno, por sus actividades privadas incompatibles con su cargo.

Esta medida llega después del expediente informativo al trabajador que surgió a raíz de un escrito presentado ante el registro del Ayuntamiento de Mogán el pasado 2 de octubre por los concejales Isabel Santiago y Domingo Rodriguez, al conocer que este podría estar ostentando varios cargos en diferentes empresas privadas.

En este expediente informativo se recoge que Álvarez reconoce que ya fue expedientado por el mismo asunto en el año 2006 y afirma que “no existe el mantenimiento consciente y deliberado de situaciones definidas como incompatibles”.

Los datos remitidos por el Registro Mercantil al funcionario encargado de la instrucción confirmaron la actividad de Álvarez como administrador solidario, apoderado y administrador único, en las empresas Formosa dos S.L, Transportes Tafira Baja S.L, Carpinteria Barranco Seco S.L, Inmobiliaria Torrencial S.L, Islas Caanrias salud S.L y Sergio Álvarez S.L

El informe técnico concluyó que procedía la apertura del correspondiente expediente disciplinario a Salvador Álvarez, que no solicitó la compatibilidad que marca la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Para Nueva Canarias las conclusiones que el funcionario recoge en su informe suponen, por un lado, que la solicitud de apertura de expediente disciplinario que formuló era procedente, y por otro, que el pacto de Ciuca-PSOE “no solo incumplió con el artículo 20 de la Ley 53/1984, eludiendo su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios, sino que además aprobó en pleno una subida salarial de unos 27.000 euros anuales y la designación del mismo como coordinador de diversas áreas municipales”.

Por esto, la concejala Isabel Santiago entiende que esta situación genera una “inseguridad jurídica en todas las actuaciones en las que ha participado el funcionario incurso en causas de incompatibilidad, acreditada, de forma fehaciente, por el informe del instructor del expediente, pudiendo ser todas nulas de pleno derecho”.

Para la política nacionalista el criterio de la alcaldesa, Onalia Bueno, para elegir a los funcionarios de confianza “es incompatible con los de mérito y capacidad y produce los resultados que todos los vecinos perciben”. Por todo esto, cree que lo que procede ahora es el cese inmediato de Salvador Álvarez como coordinador de las áreas municipales y designar a otro funcionario.

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