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El BBVA retira la denuncia contra la pareja que ocupó una casa vacía

Juan y Rosa entraron a vivir en una vivienda abandonada de la entidad en Las Palmas de Gran Canaria por razones "de extrema necesidad".

El banco ha solicitado a "una entidad social creíble" una valoración sobre la situación de la familia.

El juicio por lo penal aún puede celebrarse, ya que la Fiscalía no ha comunicado si continúa ejerciendo de acusación.

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El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha decidido retirar la denuncia por usurpación que había interpuesto contra Rosa Moreno y Juan Carmelo Farra, la pareja que decidió ocupar hace poco más de un año una vivienda vacía de la entidad financiera en el barrio de Lomo Apolinario, en Las Palmas de Gran Canaria, por razones "de extrema necesidad", al encontrarse prácticamente sin ingresos.

Fuentes del BBVA han confirmado a Canarias Ahora la retirada de la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria impuso la pasada semana  una multa de seis euros diarios durante seis meses a Rosa y Juan. La entidad financiera ha solicitado a una entidad social "creíble" -de la que no ha querido desvelar el nombre- una valoración sobre la situación de la familia.

En la vista previa celebrada el lunes 20 de enero, la acusación particular -BBVA- y el Ministerio Fiscal solicitaban una multa para la pareja y el desalojo de la vivienda en menos de 72 horas. De haberse conformado con el pronunciamiento judicial en lo que pretendía ser un juicio rápido, Juan y Rosa habrían visto reducida la sanción a cuatro meses, según los procedimientos estipulados para este tipo de casos.

Sin embargo, el letrado que les defiende recomendó a la pareja no hacerlo. "No tenían por qué declararse como criminales", ha explicado Isabel Saavedra, abogada y portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Gran Canaria.

A pesar de la retirada de la demanda, Juan y Rosa continúan a la espera de la celebración de un juicio por la vía de lo penal, ya que la Fiscalía aún no se ha pronunciado y, por lo tanto, puede seguir ejerciendo de acusación. Si el Ministerio Público continúa adelante y el juez ve delito en su actuación, Juan y Rosa no sólo deberán pagar la multa y abandonar la vivienda, sino que además quedarán marcados con antecedentes penales.

Iván Llamazares, miembro de la plataforma Stop Desahucios, considera que la presión social y el ruido medático han sido claves para que el BBVA dé un paso atrás. El colectivo pretende ahora negociar con el banco un alquiler social que sea "asequible" para Juan y Rosa y que "no sea insultante ni problemático" para la entidad financiera.

Para Llamazares, este alquiler no debe sobrepasar el 30% de los ingresos de la familia.  "No es sólo una obligación de pago, es también la tranquilidad de ellos -Rosa y Juan viven con tres menores y tienen entre los dos seis hijos-, que no tengan que sufrir cada día el miedo al toque en la puerta", dice.

Juan lleva tres años en el paro y Rosa trabaja desde hace dos meses en un bazar para intentar sacar adelante a la familia. Antes de ocupar la vivienda, la pareja vivía de alquiler con los 426 euros que percibía Juan del subsidio por desempleo, pero tras un embargo por la manutención de dos de sus hijos y haber agotado la prestación, la familia se quedó sin recursos. A pesar de ello, acometieron una serie de reformas en un inmueble que, aseguran, "se encontraba abandonado y en muy mal estado" cuanto accedieron a él.

Stop Desahucios expliica que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido a gestionar una ayuda de emergencia para la pareja después de que haya salido el caso en los medios.

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