Bonis, la palabra de Cortezo y la prensa, claves de Hoya Pozuelo
“A esto debe añadirse la declaración testifical ofrecida por el Señor Julio Bonis, respecto a la adquisición de una vivienda por el Señor [...], manifestando que este era conocedor de la existencia de un problema en relación a esa promoción, y que ese problema pese a no recordar de qué se trataba, era conocedor el Señor [...]”.
El auto de sobreseimiento provisional de la causa por estafa de Jaime Cortezo, su esposa Elena del Castillo y otras cuatro personas más ligadas a Hoya Pozuelo SL, se apoya en la declaración testifical del ex consejero del Gobierno de Canarias y amigo personal del promotor, Julio Bonis Álvarez, quien el 2 de junio de 2008 vino a decir ante la juez de Instrucción 5, Ana Isabel de Vega Serrano, que un comprador de viviendas supieron por él de la existencia de un “problema administrativo” que pesaba sobre las mismas.
La declaración del testigo, que un año después reconocía haber mentido a la juez y por ello ha sido denunciado por falso testimonio en una denuncia que tramita el juez de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, indica que Julio Bonis mantenia amistad tanto con el promotor, Jaime Cortezo, como uno de los compradores.
Recoge la declaración que el comprador pidió a Julio Bonis su intermediación para que hablara con Cortezo por el interés que tenía en adquirir una vivienda a buen precio. Y recuerda que habló con el comprador “de la existencia de algún problema de esas viviendas, pero no recuerda qué tipo de problema era”, además de afirmar que “conocía los problemas administrativos de Hoya Pozuelo por lo que salía en prensa”.
El auto de 27 de julio de 2009 -recurrido ante la Audiencia Provincial de Las Palmas por los querellantes, catorce propietarios de viviendas de Hoya Pozuelo afectados por una orden gubernamental de derribo- recoge que no existen “indicios suficientes” de la existencia de un engaño por parte de Jaime Cortezo a los compradores de viviendas de su promoción.
La juez fundamenta esa falta de indicios tanto en la declaración testifical de Julio Bonis como en la propia palabra del querellado, según él desconocedor del expediente de derribo en un primer momento, a la hora de vender las primeras viviendas, y que a raíz de tener conocimiento del mismo lo comunicó a todos y cada uno de sus compradores, siempre dispuesto a encontrar una solución al problema, ya fuera devolviendo el dinero o gestionando una salida al expediente ante la Administración.
Y a diferencia del valor dado a la palabra de Jaime Cortezo, avalada por “empleados” y dos directivos del Deutsche Bank, la juez resta veracidad a la declaración de quien fuera socio del promotor, Arencibia -ya fallecido-, denunciante de la invasión de dominio público de Costas de las viviendas que se construían y se vendieron con posteriodad a esa denuncia.
Descarta la juez la palabra de Arencibia y que “haya existido una maquinación engañosa para lograr la firma de los compradores” porque su denuncia no significa que de ella tuviera conocimiento Cortezo, “sino su abogado”, y su testimonio “debe ser tomado con gran cautela, teniendo en cuenta la animadversión proferida contra el querellado”.
También el auto hace referencia a recortes de prensa de la época que vendrían a demostrar que los compradores sabían de la existencia de un expediente de derribo abierto por parte de la Administración y que, por tanto, no fueron engañados por Cortezo, que les transmitía su intención de evitar la orden de derribo.
“Esa voluntad de resolver favorablemente la situación creada, no puede entenderse como un engaño de los requeridos en el tipo penal, sino una simple esperanza, en la que los distintos compradores pueden o no aceptar, pero desde luego no pueden manifestar que esa promesa era un engaño, pues no resultaba certera”, indica el auto de sobreseimiento recurrido ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
