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CC, PP y PSOE rechazan el desmantelamiento de los CIE en Canarias

La Proposición No de Ley de Podemos ha contado con la abstención de Nueva Canarias y de la Agrupación Socialista Gomera

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CIE de Barranco Seco

CIE de Barranco Seco Alejandro Ramos / Las Palmas de Gran Canaria

Los grupos parlamentarios de CC, PP y PSOE, con la abstención de ASG y NC, han rechazado una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos que planteaba el desmantelamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Canarias y en el resto de España.

Los tres grupos votaron en contra de la PNL a raíz de que el Grupo Parlamentario Podemos rechazó una enmienda transaccional en la que, en contra del desmantelamiento de los CIE, hacían hincapié en la necesidad de mantener estos centros garantizando una vida digna a los internos, el respeto a los derechos humanos y mejorando el nivel de seguridad de los CIE dotándolos de más medios.

Los portavoces de los grupos, a excepción de Podemos, señalaron que la solución a los centros de internamiento no pasa por su cierre, pues consideran que eso generaría otros problemas. Por eso insistieron en que hace falta un "estricto" cumplimiento de los derechos humanos en estos espacios, así como una modificación de la normativa actual para que los CIE cumplan con las condiciones de habitabilidad necesarias.

A través de esta PNL, que fue defendida por la diputada María del Río Sánchez, se solicitaba al Gobierno del Estado que cumpla con el derecho internacional de asilo, modificando para ello la Ley de Asilo 12/2009, y que cambie la política migratoria con respecto a Canarias, dotando a la Comunidad Autónoma de mayor presupuesto para la gestión de los flujos migratorios que pasan por las islas.

En la propuesta, además, se instaba al Gobierno de Canarias a constituir una comisión de seguimiento permanente de los CIE de Hoya Fría (Tenerife) y de Barranco Seco (Gran Canaria), donde estén representadas las entidades sociales y organizaciones asociadas a la reivindicación del cierre de los CIE y la defensa de los derechos humanos, así como expertos en materia migratoria, para generar un diagnóstico social y jurídico en profundidad de la realidad de estos centros.

Por último, se pedía al Gobierno canario que realice políticas para la integración social y la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de las personas migrantes, cambiando el paradigma teórico de los flujos migratorios que se tienen desde las instituciones públicas, abogando por políticas que dejen de entender la migración como un problema social y pasar a concebirlo como un derecho, concibiéndolo como un fenómeno social y complejo, consustancial a cualquier época histórica.

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