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CCOO no perdonará ''ni un euro'' a Educación

Comisiones Obreras mostró este lunes su disposición a negociar con la Consejería de Educación cómo se abonan los atrasos de 700 millones de euros que una sentencia reconoce por no haber aplicado la homologación salarial a los docentes desde 2004, pero el sindicato advirtió de que no perdonará “ni un euro” porque es dinero de los trabajadores.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife da la razón a Comisiones Obreras por el impago de una media de 400 euros mensuales a los docentes canarios desde 2004, debido al silencio administrativo positivo de la Administración cuando en 2005 fue presentado el recurso sindical, según expuso hoy CCOO.

Esa cantidad, según dijeron representantes del sindicato en rueda de prensa, responde al derecho subjetivo de cada profesor a la homologación salarial con el resto de funcionarios de igual categoría y titulación, tal como prevé la Ley de Homologación de 1991.

En 2004, el Gobierno de Canarias incrementó el complemento específico de todos los funcionarios autonómicos excepto el de los docentes, por lo que CCOO calculó la diferencia salarial en perjuicio de estos y recurrió ante la justicia, que le ha dado la razón en primera instancia.

CCOO da por hecho que la Consejería de Educación recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque ve escasas posibilidades de que prospere la apelación.

Por eso instó a la Administración a consolidar el nuevo salario de los docentes y a negociar la forma de pago de los 700 millones de euros acumulados como atrasos hasta el momento.

CCOO es consciente de que la administración autonómica no podría hacer frente a los 700 millones de euros en un solo pago, y por eso CCOO está dispuesto a negociar fórmulas de pago, pero no se va a perdonar “ni un euro”, afirmó el sindicalista José Emilio Martín.

Buscar vías de entendimiento

La forma de pago de la deuda “es negociable” si la Consejería actúa “de buena fe”, ahora es el momento “de sentarnos y buscar vías de

entendimiento“, insistió.

Martín señaló que la Ley de Homologación está vigente desde 1991 y obliga a la Administración a pagar los mismos salarios a los docentes que a los demás funcionarios de igual categoría y titulación, tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado.

Ya ha habido otras dos sentencias anteriores por el impago de las cantidades de homologación entre 1991 y 2004 por 48 millones de euros y en los dos casos se negociaron fórmulas de pago diferidos, y CCOO quiere que lo mismo ocurra en esta ocasión.

“Ofrecemos diálogo y salidas racionales, si no, la deuda será cada vez mayor”, advirtió José Emilio Martín.

El secretario general de enseñanza de CCOO de Canarias, José Ramón Barroso, reivindicó el trabajo de equipo serio y responsable de su sindicato en esta demanda, que beneficiará a todos los docentes, no sólo a sus afiliados, y aseguró que seguirán luchando hasta que ese dinero “vuelva a sus dueños”.

El sueldo medio de un docente puede estar alrededor de los 1.800 euros brutos mensuales, y con el reconocimiento de la homologación se situaría en torno a los 2.200.

Las cantidades adeudadas por la “deshomologación” difieren según las categorías y van desde los 371,21 euros al mes para maestros de infantil y primaria (grupo B) a 405,67 para los catedráticos de secundaria (grupo A).

Con esta sentencia queda rechazado el criterio de la Consejería de Educación, que estimaba que la Ley de Homologación era aplicable únicamente para las cantidades adeudadas entre 1988 y 1991, pago que se realizó en cinco años, según CCOO.

Según el sindicato, la Ley de Homologación garantiza que cualquier funcionario docente debe percibir siempre el mismo sueldo que los funcionarios de igual categoría y titulación, no únicamente las cantidades dejadas de percibir hasta que se aprobó la norma por unanimidad en el Parlamento de Canarias en 1991.

Por eso cuando los sueldos docentes volvieron a quedar deshomologados entre 1992 y 2004, CCOO volvió a ganar en los tribunales, y lo mismo ocurre ahora, cuando los enseñantes quedaron de nuevo por detrás con el aumento del complemento específico acordado en 2004 para todos los funcionarios excepto ellos, indicaron los sindicalistas.

La letrada del sindicato Loli Rodríguez dijo que la Consejería ha intentado negar el derecho de los profesores a la homologación y ha intentado “engañar” a los tribunales con artimañas, “pero no lo ha conseguido”.

La sentencia ha dado la razón a CCOO en que hubo silencio administrativo positivo cuando la Administración dejó pasar intencionadamente el plazo de seis meses para responder al recurso que presentó el sindicato en 2005, ya que no contestó hasta dos años después.

Subrayó que los tribunales han corregido el “fraude de ley” en que incurrió la Consejería y destacó que no se trata de un aumento salarial, sino del pago de una deuda por los conceptos no abonados desde 2004.

José Emilio Martín acusó a la Administración canaria de mantener una subida de complementos específicos “perversa y opaca” en 2004 para excluir a los docentes, pero el análisis desarrollado por CCOO ha permitido calcular las diferencias, que son las reconocidas ahora en la sentencia.

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