Los padres estudian demandar al Cabildo por el cierre del Punto de Encuentro Familiar de Vegueta
Los 115 progenitores que utilizaban el Punto de Encuentro Familiar de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, cerrado el 30 de noviembre, se han organizado en una Asociación y estudian demandar al Cabildo de Gran Canaria porque consideran que ha incurrido en “una responsabilidad patrimonial” al cerrar esta instalación por razones económicas “que no se fundamentan”.
Unos 180 hijos de padres separados “no ven a sus progenitores no custodios desde el mismo día del cierre”, explicó el portavoz Fernando Fonollosa, en una rueda de prensa celebrada este jueves en la capital grancanaria. Esta situación está provocando “un perjuicio psicológico en los menores”, y se mostraron muy críticos con la gestión del cierre llevada a cabo por el Cabildo al no haber ofrecido una alternativa como se comprometía en el escrito de clausura remitido a los usuarios y profesionales del Punto de Encuentro.
Desde la Asociación de afectados aseguran que el Gobierno de Canarias, responsable del mantenimiento económico de este centro, “pretende reunirse con el Cabildo desde hace tiempo pero este le da la callada por respuesta”. La institución insular, responsable de aportar la sede, el personal y el mantenimiento de la seguridad, asegura que “el problema radica en la deuda contraída por el Ejecutivo regional” que imposibilita que el centro continúe abierta.
Fonollosa contradice esta afirmación porque le consta que el Gobierno canario “ya ha transferido 200.000 euros al Cabildo para impedir el cierre del centro” y se ha comprometido “a hablar sobre la deuda de años anteriores”. Los progenitores dicen sentirse “toreados” por la institución insular que “hasta ahora se ha negado a reunirse con nosotros”. Si es una cuestión económica “no entendemos como disponen de 400.000 euros para subvencionar los premios Max de teatro y más de 436 millones de euros en los bancos” y “no tienen liquidez para mantener este centro”.
“Este centro es imprescindible”
El secretario de la Asociación, Enrique Díaz, explicó a los medios que este centro es imprescindible porque “no sólo era un lugar de entrega y recogida de los niños”, sino también un sitio donde una serie de profesionales “neutrales” velaban por el correcto desarrollo del régimen de visitas.
Tras el cierre, este régimen de visitas no se está cumpliendo lo que obliga a los progenitores a denunciar la situación para que los jueces de familia emitan una nueva sentencia que establezca un sistema de visitas que se adapte a las nuevas circunstancias. El abogado de la Asociación, Luis Gómez, aseguró que este hecho “aumentará el colapso que ya padecen los juzgados”.
