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Canarias también aplazará a 2017 la reforma universitaria de Wert por "inoportuna"

El consejero de Educación y los rectores de las dos universidades públicas del Archipiélago han decidido establecer una moratoria de dos años para la aplicación de esta reforma

José Miguel Pérez considera que el Real Decreto "pone patas arriba el mapa de titulaciones en España si no se opera con prudencia y sentido común"

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El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez (2i), y los rectores de las universidades de La Laguna, Eduardo Domenech (i), y de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor (3i), en la reunión extraordinaria del Consejo Universitario de Canarias. EFE/Elvira Urquijo A.

El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez (2i), y los rectores de las universidades de La Laguna, Eduardo Domenech (i), y de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor (3i), en la reunión extraordinaria del Consejo Universitario de Canarias. EFE/Elvira Urquijo A.

Canarias se sumará a otras comunidades autónomas, como Andalucía y Cataluña, y aplazará hasta 2017, por considerarla "inoportuna", la reordenación de las enseñanzas universitarias propuesta por el ministro José Ignacio Wert, una reforma que permite a los centros reducir los grados a tres años y ampliar los másteres a dos.

Esta ha sido la decisión acordada este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo Universitario de Canarias por parte del consejero regional de Educación, José Miguel Pérez (PSOE), y los dos rectores de las instituciones académicas del archipiélago, José Regidor (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC) y Eduardo Doménech (Universidad de La Laguna, ULL).

Tanto el consejero como los rectores han coincidido en que esta reordenación es "inoportuna" y supondrá un sobrecoste a los estudiantes, al tiempo que han considerado necesario evaluar si obedece a criterios de calidad.

Tal y como han decidido numerosas universidades públicas españolas, en Canarias también habrá una moratoria de dos años para la aplicación de esta reforma, aprobada en un año marcado por las elecciones y que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) no considera oportuna.

Pérez ha opinado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno para aplicar esta reforma "pone patas arriba el mapa de titulaciones en España si no se opera con prudencia y sentido común".

A su juicio, "sería bueno hacerle caso a la CRUE y aplazar la entrada en vigor de sus efectos hasta que se analice con todo rigor los resultados del actual sistema y las consecuencias que pueda haber en cada lugar".

Porque, desde su punto de vista, "no es aconsejable que el mapa de las titulaciones españolas se convierta en un mosaico sin sentido", con duraciones diferentes según se trate de una universidad otra.

Para el también vicepresidente del Gobierno canario y secretario federal de Educación del PSOE, con esta iniciativa, "el ministro Wert ha vuelto a crear un problema donde no lo había".

El rector de la ULPGC, José Regidor, ha coincidido con Pérez en que esta moratoria está alineada con el posicionamiento del Consejo de Estado sobre este decreto, al que ha considerado "inoportuno".

"Entendemos que hay que dar garantías a los actuales egresados del futuro valor de sus títulos", ha dicho Regidor, quien ha alertado de que esta reforma "puede significar la ruptura del sistema universitario español porque la movilidad de los estudiantes quedaría completamente fragmentada".

Aunque haya universidades que quieren ir al "3+2" (tres años de grado y dos de máster) por entender que así ganarán más dinero, el debate debe sustentarse sobre la calidad del cambio que se plantea, ha referido.

Su homólogo en la ULL, Eduardo Doménech, ha querido transmitir tranquilidad a la comunidad universitaria canaria respecto de esta reforma, ya que no comenzará a aplicarse de inmediato, y ha defendido que el sistema tiene que ser lo más uniforme posible, de forma que no pueda ser "que una autonomía diga a y otra b".

Doménech ha afirmado que un empresario escogerá al candidato que tenga más formación y ha recordado que la reforma aprobada por el Gobierno implicará que los estudiantes que hagan un máster "tendrán que pagar 2.000 o 3.000 euros más"

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