Canarias genera 1.000 empleos en dependencia en el último año

Canarias suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria —

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha avanzado este jueves que Canarias ha generado en el último año unos 1.000 empleos en el sector de la dependencia, si bien ha advertido de que con el ritmo actual, tardará más de cinco años en atender la lista de espera, de casi 14.000 personas.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo sobre dependencia organizado por Diario de Avisos, donde ha incidido en que aunque el Archipiélago ha bajado la lista de espera en siete puntos, sigue teniendo la “más alta” de España, con un limbo de la dependencia situado en el 47 %.

Ramírez ha comentado que la implantación de la ley en Canarias ha sido muy “deficitaria” por la “desidia” del Gobierno canario, si bien ha reconocido que desde la entrada del equipo de Patricia Hernández “se ha cogido el rumbo”.

En esa línea, ha reconocido que Canarias se pondrá en la media nacional a final de Legislatura si mantiene la media de incorporar más de 450 personas al mes al sistema, y se ha planteado como retos, un mayor “compromiso” por contar con cabildos y ayuntamientos, incorporar servicios de proximidad, mejorar e integrar la red sociosanitaria, y mejorar la “agilidad” en la gestión.

Ramírez ha apuntado que en España la ley ha sido una “oportunidad perdida” para defender la “dignidad” de las personas, y ha acusado al Gobierno central de “pisotear derechos” y hacer una “insumisión” jurídica.

Sobre la historia de la ley, ha comentado que tras una primera fase de “desconcierto”, se empezó a desplegar en 2012 hasta que en julio de ese año, “se acabó todo” con una “derogación encubierta” que marcó el inicio de la “demolición” del sistema. “El Real Decreto fue canallesco”, ha comentado.

No obstante, ha admitido un nuevo “despegue” desde el verano del año pasado gracias a los cambios políticos en algunas Comunidades Autónomas y la entrada en el sistema de los dependientes moderados, aunque ha tildado de “dramático” que aún haya un 30 % de personas en lista de espera.

Desde el punto de vista económico, ha señalado que la ley es un “chollo” porque por cada millón de euros de inversión se crean 35 empleos directos y estables y casi el 40% retorna a las arcas públicas.

Ramírez ha reivindicado a la dependencia como un “asunto de Estado” que requiere de “consenso” político, y ha criticado la “manipulación y oscurantismo” del Ministerio, que fabrica “estadísticas de ficticias”. “Las personas deberían rebelarse”, ha destacado.

Huelga de mujeres, un “problema” para el Estado

La vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, ha señalado que el sistema de dependencia no se ha potenciado en España porque “las mujeres lo hacen”, y ha avisado de que si hicieran una “huelga”, el Estado se encontraría con un “problema”.

Hernández ha admitido que Canarias sigue siendo el “farolillo rojo” de la dependencia, aunque ha subrayado que cuando llegó a la Consejería estaban “en Segunda B” y ni siquiera habían salido “a entrenar”.

En esa línea, ha recordado que su equipo optó por no adaptar la ley al sistema canario --como hizo el Gobierno de Paulino Rivero-- y empezar a “jugar con las mismas reglas” que en el conjunto del país, dado que la integración resultó un “caos”.

Además, ha comentado que hay que mejorar la gestión y obtener más fondos, y en este punto, ha dicho que al menos se conformaría con que el Estado aportara la mitad de lo que le corresponde.

Hernández ha destacado que ya hay más dependientes atendidos que en lista de espera, y ha asumido que “falta personal” para atender las necesidades del sistema, por lo que el plan de choque se prolongará durante el próximo año. “No es una cuestión coyuntural, sino estructural”, ha agregado.

Ha reconocido que es “escandaloso” que haya personas que han fallecido sin haber recibido la prestación por dependencia, y ha destacado que uno de los objetivos de la Consejería es “diversificar la oferta” y no concentrarla toda en los centros sociosanitarias porque hay dependientes que no desean salir de su entorno.

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