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Cáritas ''peligra'' por los recortes del Gobierno canario

Cáritas Diocesana de Canarias alertó este jueves de que los recortes presupuestarios del Gobierno regional hacen “peligrar la continuidad de sus dispositivos y servicios”, a pesar de atender durante 2009 a 11.391 personas en la provincia de Las Palmas, 2.761 más que en el año anterior debido a la crisis económica.

Así lo afirmó en rueda de prensa la coordinadora de Acción Social de Cáritas, Ana Rivero, en la presentación en la capital grancanaria de los datos de la Memoria Anual 2009 y la campaña del próximo 6 de junio del Día de la Caridad, el Corpus, bajo el lema Si no te convence esta sociedad mercantil ofrece sin pedir nada a cambio.

El acto contó con la presencia del director de Cáritas Diocesana de Canarias en Las Palmas, Pedro Herranz, la secretaria general, Fátima Díaz, y el delegado episcopal José Domínguez.

Rivero explicó que Cáritas Diocesana de Canarias atendió en 2009 a 11.391 personas en la provincia de Las Palmas. Un total de 7.287 familias acudieron a las 121 parroquias organizadas en los 21 arciprestazgos de la organización, es decir 2.761 más que en 2008. Por su parte, 4.104 personas fueron atendidas desde los programas y proyectos específicos de Acción Social.

Situación de crisis

En esta situación de crisis, los recortes presupuestarios “hacen peligrar la continuidad” de los servicios de Cáritas. Así, Ana Rivero aludió a que la reducción en ayudas por parte del Gobierno de Canarias ha afectado al Programa Mujer en un 60% y al de Apoyo Familiar en un 50% en 2009.

“Esto está suponiendo un gran esfuerzo y coste para esta institución en el mantenimiento de los servicios para garantizar la atención a los más pobres”, alegó.

Rivero denunció también que la entidad no recibe “en tiempos razonables” los ingresos de las subvenciones que tienen concedidas y confirmadas por parte de varias administraciones públicas. “Estos cinco primeros meses hemos funcionado con fondos propios y gracias a las donaciones”, argumentó.

Así pues, solicitó que “se garantice y no se recorten los derechos sociales, establecer políticas eficaces generadoras de posibilidades para el empleo, la iniciativa popular voluntaria; apostar por el trabajo en red y la coordinación entre organismos públicos y entidades sociales”.

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