Colectivos de juristas atacan el veto “autoritario” al CIE
Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han reprochado este sábado a la Delegación del Gobierno en Canarias la “falta de respeto al poder judicial” en la que, a su juicio, ha incurrido al denegar a jueces y fiscales la entrada a un CIE de Gran Canaria.
Estas organizaciones se han referido así a la decisión adoptada este miércoles por el Ministerio del Interior de denegar a un grupo de 24 jueces y cinco fiscales de toda España que participaba en Gran Canaria en un seminario sobre inmigración la posibilidad de visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en la capital de la isla, tal y como denunció ese día la magistrada Carmen Simón Rodríguez. Jpd y la UPF han explicado en una nota que esta visita, prevista para el día siguiente, formaba parte de la actividad del citado seminario, que se desarrolla cada año en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias.
Las organizaciones judiciales han asegurado que la visita a este CIE de la capital grancanaria “se comunicó con más de 30 días de antelación por la magistrada directora del curso a la delegada del gobierno en Canarias”, María del Carmen Hernández Bento. “Tenía por objeto comprobar las condiciones del centro y de las personas que se encuentran detenidas en él con autorización judicial, ya que todos los juzgados de guardia del territorio nacional pueden autorizar el internamiento en CIE para la expulsión de inmigrantes en situación administrativa irregular”, han referido las asociaciones.
Pese a ello, han destacado que en la actualidad “solo hay siete centros en funcionamiento, por lo que muchas autoridades judiciales no han tenido otra ocasión de conocer desde dentro estos lugares a los que remiten a personas detenidas, en ocasiones a cientos, e incluso miles de kilómetros de distancia del juzgado que autorizó el internamiento”.
“Concepción poco democrática de los derechos humanos”
Para JpD y UPF, “la decisión inmotivada de denegar la autorización para esta visita constata una quiebra del principio de confianza y una falta de respeto al poder judicial, al ministerio fiscal y a las instituciones públicas organizadoras, que, sin embargo, no ha merecido ni disculpa, ni explicación ni rectificación por parte del Gobierno”.
Creen que esta negativa también representa “una concepción poco democrática de los derechos humanos y una deriva autoritaria frente al principio de transparencia de la administración, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y del control judicial de los derechos, en especial de los de las personas privadas de libertad”. Las dos asociaciones consideran que esta decisión “contribuye a crear razonables sospechas sobre el grado de aplicación de la ley en el interior de estos centros”.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias explicaron este miércoles a Efe que en las normas de funcionamiento de régimen e internamiento de los CIE no está contemplado este tipo de visitas. La petición solicitada por los organizadores del curso se trasladó a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que consultó con la Dirección General y no la autorizó, por lo que se comunicó la decisión a la organización, agregaron las fuentes.
