Crece el rechazo a los recortes en la Guardia Civil

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) afirma que el Gobierno central demuestra “falta de valentía” cuando no asume que la eliminación de los viajes de los agentes para visitar a su familia es consecuencia de la situación de crisis de deuda del Estado. IGC se suma así al rechazo a esta medida ya expresado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Según IGC, los guardias civiles, como sector “más desfavorecido” entre los funcionarios, “van perdiendo los pocos derechos o prerrogativas que les quedaban, sin que obtengan ninguna mejora o contrapartida”.

Para IGC, esta circunstancia perjudicará la comunicación con la Península de los agentes que viven en Canarias ya que no tienen otro medio de transporte que no sea por vía aérea o marítima. “Comparar la situación de las comunicaciones y transportes de forma igual entre todos los españoles, es simplemente autoengañarse”, señala.

La organización pide al Gobierno central una moratoria para todos aquellos guardias civiles que en lo que resta de año no han disfrutado del pago del trasporte a la Península como consecuencia de las vacaciones, ya que ello provoca un “agravio comparativo” con respecto a aquellos que hasta la fecha de 1 de agosto ya han disfrutado de ese beneficio retributivo.

IGC insiste, además, en que el Gobierno no justifica la medida en la reducción de deuda o en no generar más gastos, “sino en los adelantos y mejoras del transporte con respecto al año 1974, en el que la Presidencia del Estado autorizó con cargo al Estado estos viajes pagados a la Península, para paliar las dificultades que conlleva vivir en un archipiélago”.

“Desenfreno” en los recortes

En esa línea, solicita al Estado que “no tire la toalla” y no se “rinda” a un “desenfreno” de recortes sociales consecuencia de la falta de previsión económica de los gobernantes anteriores, y de una Administración “que vivía en el país de Snoopy llevando la vida de la cigarra en lugar de la hormiga”.

Por ello, piden que se comprometa “públicamente” a que con el esfuerzo de los españoles “no sólo recuperaremos, a corto o medio plazo, los derechos sociales y económicos perdidos, sino que además los superaremos al aumentar la eficiencia y la productividad”.

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