Declarado culpable el policía acusado de robar 750 euros a un detenido
El jurado de la causa que se sigue contra el policía Germán Hernández en la Audiencia Provincial de Las Palmas declaró este miércoles al acusado culpable de sustraer, durante su servicio en los calabozos de la Jefatura Superior de Las Palmas, 750 euros pertenecientes a un detenido.
Tras la lectura del veredicto, el fiscal y la acusación particular confirmaron su petición de tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación, así como 750 euros de responsabilidad civil.
La defensa, por su parte, solicitó las penas mínimas para los casos de delito de apropiación indebida por funcionario público, es decir, 1 año y 9 meses de prisión e inhabilitación de un año.
El jurado consideró probado que el acusado estaba de servicio en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas los días 19 y 20 de abril de 2005, que el día anterior había sido detenido en el distrito norte de la capital grancanaria Nelson de Castro, y que sus pertenencias, entre ellas 750 euros, se depositaron en una bolsa.
Asimismo, consideraron probados que ese día el detenido fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas, que la bolsa con el dinero fue depositada en una taquilla, y que tanto el acusado como sus pertenencias quedaron bajo la custodia del acusado.
También estimó probado que el policía, “tras romper la bolsa se apropió del dinero (750 euros), procediendo a depositarla en el mismo lugar”, y también que actuó con el “propósito de apropiarse con carácter definitivo del dinero que tenía bajo su custodia”, según el objeto del veredicto.
Por todo ello, fue declarado culpable de cometer un delito de apropiación indebida por funcionario público, que conlleva pena de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El jurado creyó inoportuno suspender la ejecución de la pena por haber quebrantado la confianza pública depositada en él y negó la posibilidad de pedir indulto porque el delito es lo “suficientemente grave” como para solicitar al Gobierno de la Nación la extinción de la pena.
