Demanda colectiva por las tramas de 'niños robados'
Más de 200 afectados por las tramas de niños robados presentaron este jueves en la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal a nivel nacional sobre sus casos.
Los demandantes, ubicados en distintos puntos de la geografía nacional, han sido agrupados por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y están representados por el abogado Enrique Vila.
Todos ellos acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 300.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
Los casos se produjeron, según la documentación que ha recabado la asociación, en un periodo amplísimo que se extiende desde los años cuarenta hasta los noventa.
El presidente de Anadir, Antonio Barroso, expresó en declaraciones a los medios su esperanza en que el fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, abra una investigación dado que la asociación cuenta con “muchas pruebas”. “Esto ha estado ocurriendo hasta los años 90 e incluso a fecha de hoy sigue pasando”, aseguró Barroso.
En todas las comunidades autónomas
El presidente de Anadir explicó que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran “médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios” y que las sustracciones se efectuaron “en todas las comunidades autónomas”.
Indicó, además, que la asociación considera que los delitos cometidos por los implicados en las tramas no han prescrito a pesar del tiempo transcurrido dado que están relacionados con la apropiación ilegal de menores. “Se trata de secuestros que se mantienen a día de hoy”, dijo.
Barroso explicó que desde Anadir consideran que los padres de adopción también fueron engañados por las tramas, ya que no se les comunicaba en ningún caso que los menores fueran robados.
“Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no los querían”, aclaró.
