Denuncia por acoso laboral en el Cabildo de Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria tiene un foco de conflictividad laboral en la Fundación para el Fomento del Transporte Especial Adaptado, organismo dependiente de la consejería de Transportes y Vivienda que rige María del Carmen Rosario (PP). CANARIAS AHORA ha tenido acceso a documentación que acredita la existencia de, al menos, seis litigios abiertos por los trabajadores en distintos frentes, entre ellos una denuncia por acoso laboral interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Fundación, constituida en 2005 para dar respuesta a una demanda del sector de la discapacidad en la Isla y propiciar el transporte de personas con movilidad reducida, cuenta actualmente con 16 empleados -10 conductores y 6 de oficina-, de los que 15 tienen algún grado de discapacidad.
Algunos trabajadores que han optado por permanecer en el anonimato denuncian las condiciones laborales que se han impuesto en la empresa desde la época del primer gerente, Juan Carlos Hernández, que ahora ocupa un cargo como adjunto del actual gestor, Mariano Rodríguez. “Trabajamos a destajo, podemos pasar ocho horas al volante sin levantarnos para cumplir la hoja de ruta ?trayecto que estipula la empresa para recoger a las personas con discapacidad-, aunque el convenio de Transporte Discrecional diga que tenemos que descansar obligatoriamente 45 minutos cada 4 horas y media”, señala uno de los conductores, que advierte del peligro que esta situación, con estrechos márgenes de tiempo entre parada y parada, entraña para los viajeros.
La “imposición” de los periodos vacacionales por parte del coordinador de servicio, la encomienda de tareas ajenas a las funciones estipuladas en el convenio de los conductores ?como la limpieza de unas instalaciones que presentan un deterioro considerable- o el establecimiento de unos turnos de guardia que no contemplan “compensación económica o de libranza” en caso de no ser llamados a cubrir una sustitución son otras de las quejas que han formulado los trabajadores en forma de demanda colectiva ante el Tribunal Laboral Canario o denuncias ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el terreno judicial, la Fundación para el Fomento del Transporte Especial Adaptado se enfrenta además a la denuncia interpuesta el pasado mes de octubre por uno de los trabajadores por un presunto caso de acoso laboral en el seno de la empresa. El origen del conflicto se remonta a finales de 2009, cuando un accidente laboral le apartó de la actividad durante 10 meses.
Durante este tiempo, según relata en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción y atestiguan algunos de sus compañeros con su testimonio, el coordinador de servicio, “con la connivencia del gerente”, comenzó a indagar para comprobar si el trabajador, de baja laboral, estaba realizando servicios para otra empresa. “Se dedicó a socavar y envenenar a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias o falsedades, poniéndolas en contra mía de manera malintencionada”, afirma.
Con la reincorporación a su puesto de trabajo, el empleado fue víctima, siempre según su versión, de una campaña de “hostigamiento”, que se manifestaba en un “trato discriminatorio” con respecto al resto de los trabajadores, con un “exceso de control” vía telefónica para comprobar el lugar en que se encontraba -a pesar de que los vehículos que utilizan están dotados de servicio de localización mediante tecnología GPS-, en la asignación de tareas “innecesarias, absurdas o sin sentido”, de un nivel laboral inferior a su categoría profesional o que no podía acometer por las secuelas del accidente, así como la imposición de objetivos“ imposibles de cumplir” en plazo.
En la actualidad, el trabajador, que tiene un grado de discapacidad del 51%, se encuentra de baja después de que un informe psiquiátrico le diagnosticara un trastorno ansioso- depresivo “compatible con la existencia de un acoso laboral”.
Desde la Consejería de Transportes y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria han declinado ofrecer su versión sobre el caso hasta no disponer de toda la información. Por su parte, el gerente del organismo, Mariano González, ha incidido en que el asunto está judicializado y que “deben ser los tribunales” quienes se pronuncien.
