Detenidas 17 personas por estafas bancarias en Maspalomas
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 17 personas pertenecientes a un grupo organizado especializado en sustraer tarjetas bancarias a turistas en la zona sur de la isla y posteriormente realizar extracciones en comercios de la capital, con los que estaban compinchados. La Policía calcula que realizaron estafas por más de 350.000 euros.
La investigación comenzó mayo de 2009, cuando los agentes del Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial detectaron un notable incremento de denuncias por hurtos y robos en interior de vehículos en la zona sur de la isla de Gran Canaria, más concretamente en la localidad de Maspalomas. Además, los investigadores se percataron de la utilización de varias tarjetas bancarias en establecimientos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que posteriormente eran denunciadas por los legítimos propietarios, donde se realizaban transacciones de cantidades importantes de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, los agentes observaron la presencia de una persona, conocida por ser un delincuente habitual, que se dedicaba al hurto y robo en el interior de los vehículos de los turistas extranjeros que se paraban en los distintos paradores y miradores de la localidad de San Bartolomé de Tirajana durante las excursiones que realizaban para conocer la isla de Gran Canaria; apropiándose, entre otros enseres, de las tarjetas bancarias.
El autor y principal cabecilla de la organización desmantelada realizaba numerosas comprobaciones antes de cometer el hecho delictivo, a fin de detectar la presencia policial y comprobar que no era visto por ninguna de las personas que allí se encontraban.
Posteriormente, y ya con las tarjetas de crédito en sus manos, se desplazaba, con gran rapidez, hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde entraba en contacto con otros integrantes de la organización a los que facilitaba parte de las tarjetas sustraídas para usarlas en los establecimientos con los que estaban en contacto para obtener el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible, antes de que las tarjetas fueran anuladas por sus titulares.
Estos establecimientos eran previamente contactados por cada uno de los integrantes de la organización, los cuales acordaban con los propietarios los porcentajes a obtener, habitualmente el 50% para la organización y el 50% para el titular del establecimiento donde se utiliza. Estos locales se usaban de forma esporádica y aleatoria, a fin de evitar la acción policial.
A lo largo de la investigación realizada, los agentes lograron detectar y delimitar la estructura que la organización, concretándose en la persona de D. Z., como principal responsable de la organización, apoyado por los llamados S. B. y K. H., los cuales realizaban las funciones de pasadores y los titulares de los establecimientos que realizaban las funciones de colaboradores de la organización.
Esta organización centraba su actividad delictiva en personas extranjeras, turistas que llegaban a la isla de Gran Canaria y que portaban entre sus pertenencias cantidades altas de dinero y tarjetas bancarias de sus países de origen. Al ser entidades extranjeras y encontrarse las personas titulares de las mismas de vacaciones en la isla de Gran Canaria, pasaban desapercibidas por los departamentos de fraude y de seguridad de las entidades bancarias las operaciones fraudulentas realizadas por la organización. Las víctimas una vez llegaban a sus países de origen se percataban de que en sus cuentas faltaban altas cantidades de dinero.
Tras arduas labores de investigación, ya que los establecimientos implicados cambiaban constantemente la titularidad y denominación de los comercios, así como las entidades bancarias y TPVs (conocidos popularmente como datáfonos“ que utilizaban a fin de evitar la detección por los departamentos de seguridad y por las diversas investigaciones policiales realizadas, el Grupo de delitos Patrimoniales pudo constatar la sustracción y posterior utilización por parte de la organización de un total de 164 tarjetas bancarias extranjeras, ocasionando, con las operaciones fraudulentas realizadas, un perjuicio económico de más de 350.000 euros.
