El Ejecutivo canario recurrirá la LOMCE de Wert
El Gobierno de Canarias presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada este jueves en el Congreso, porque invade competencias autonómicas, ha anunciado el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez.
En un comunicado, el también vicepresidente del Gobierno canario dice que la LOMCE es el triunfo de la “sinrazón del Partido Popular porque elimina el principio de la Educación como servicio público”, y considera que el paso del proyecto de ley por el Congreso y el Senado ha servido para “empeorar con creces” el texto inicial.
A juicio de José Miguel Pérez, esta ley forma parte de una política de “retroceso constitucional” y es un “ajuste de cuentas que el PP está haciendo a lo que fue en su día el pacto constitucional, eliminando buena parte de los avances que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años”.
José Miguel Pérez afirma que el PP en su primera etapa de gobierno ha ido “contra los avances sociales y nos espera una segunda parte de retrocesos en materia de libertades”.
A su juicio, al PP parece que no le gusta la Constitución y está haciendo un ajuste de cuentas con ese gran pacto que hubo en España, “como lo manifiesta la LOMCE. Una Ley como esta tenía que haber salido del consenso y lo tenían fácil porque el anterior Gobierno dejó sobre la mesa las grandes bases de un gran acuerdo”.
Para José Miguel Pérez las medidas incluidas en la LOMCE, son “un conjunto de dislates”, y apunta que, entre otros aspectos, la Ley “obliga a todo el alumnado a realizar exámenes de reválida para obtener los títulos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aunque aprueben todas las asignaturas del curso”.
Prosigue que, además, el profesorado pierde su autoridad académica para reconocer y valorar el aprendizaje y otorgar la titulación.
La LOMCE, según José Miguel Pérez, priva a las familias y al alumnado de su capacidad para participar activamente en la organización y gestión de los centros públicos o financiados con fondos públicos, otorgando a la dirección del centro muchas competencias que afectan incluso a las plantillas del profesorado.
El consejero asegura que el Gobierno canario tiene claro lo que hay que hacer con la LOMCE “mientras dure, ya que no nos resignamos al triunfo de la sinrazón y vamos a actuar para evitar sus efectos perniciosos, pero siempre con la Ley en la mano y teniendo en cuenta el sentir general de la comunidad educativa”.
El Gobierno de Canarias, indica su consejero de Educación, tratará de evitar los efectos que puedan ser irreversibles y preservar la equidad como valor esencial.
La Consejería ha trasladado a toda la sociedad canaria su disposición para realizar una implantación “inteligente y consensuada de la LOMCE que evite daños irreversibles para el alumnado, las familias y el profesorado”.
Afirma que es posible adoptar medidas concretas que preserven el carácter de servicio público esencial de la Educación, que es posible prolongar el derecho a la educación obligatoria del alumnado que no supere la revalida de la ESO, que se pueden mantener la atención a las necesidades educativas a lo largo de la etapa secundaria obligatoria.
