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La Fiscalía de Menores denuncia que la Consejería de Educación les ha dado la espalda

ASEGURA QUE NUNCA SE HA REUNIDO CON ELLOS

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El fiscal de Menores, Pablo Ponce, denunció este lunes que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias les ha dado la espalda en la labor que se debe ejecutar con los menores desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000.

Ponce explicó que ninguno de los menores de 16 años que ha pasado por el centro de internamiento de régimen cerrado de Gáldar ha estado escolarizado. Una cuestión que consideró grave y vergonzante para la Administración Pública que debe velar porque se cumplan las medidas estipuladas en las sentencias. Pero es más, Ponce sostuvo que los responsables de la Consejería "no se han reunido nunca con nosotros".

En una entrevista concedida al programa El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO, Ponce fue muy crítico con la gestión del Gobierno regional, tanto en el ámbito de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales como en Educación. A tenor de la situación ''parece que con el tema de menores cabe todo''.

Más allá del hecho de que no se cuenta con centros en condiciones en la provincia de Las Palmas y que no se han dispuesto las medidas complementarias para la educación y reinserción de los jóvenes, Ponce consideró como una de las cuestiones más graves, que la Ley haya permitido a las comunidades autónomas conveniar con organizaciones no gubernamentales y con fundaciones ''que han florecido a la sombra de la ley'' la gestión de este tipo de centros. Desde la Fiscalía se entiende que ''no se puede dejar en manos de este tipo de organizaciones, a trabajadores a los que se contrata por cuatro duros'' una materia tan sensible como ésta en la que tiene que implicarse personal cualificado.

El fiscal puso el ejemplo de la medida de libertad vigilada, la medida estrella de la Ley que a su juicio en Canarias ha sido la ''medida estrellada'' y explicó que un solo técnico se encarga del seguimiento a 50 menores en esta situación. ''Al final, el seguimiento es por teléfono, la vigilancia es a la madre que cuando llama contesta que su hijo no está''.

Además, existe una clara diferencia en la gestión que se hace de este asunto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según Ponce en la provincia occidental se ha dotado de mayores y mejores medios a los centros para el cumplimiento de esta norma. La masificación de los centros de Gran Canaria ha supuesto que menores de la provincia de Las Palmas (de las tres islas) hayan sido internados en centros de Tenerife, con lo que conlleva además de desarraigo familiar para el menor. ''Lo paradójico es que cuando se les trae a Gran Canaria dicen que quieren volver a Tenerife porque allí están mejor, porque tienen actividades, talleres, y posibilidad de un trabajo remunerado''.

Ponce hace visitas rutinarias a los centros de Gran Canaria para conocer la situación y sostiene que no se reúnen los requisitos mínimos indispensables, empezando por el hecho de que menores de 14 años y mayores de 23 conviven en un mismo espacio cuando la ley establece que deberían estar separados por módulos en función de la edad. Las habitaciones son de dos y tres internos, que carecen de intimidad y ni siquiera tienen un espacio, como un armario, para guardar sus enseres personales.

Estimó que en estas circunstancias es normal que se den tensiones e incidencias, por lo que no descartó que casos como los presuntos abusos y torturas a un menor del centro de La Montañeta vuelva a producirse.

Ponce habó de un círculo vicioso en el que entra el menor y que lejos de rehabilitarse acaba en la prisión. Un círculo, una condena de la que ''salen muy pocos''.

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