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La Fiscalía mantiene 8 meses de prisión a la madre preadoptiva de 'Piedad'

LA DEFENSA PIDE LA NULIDAD DEL JUICIO POR NO SER PÚBLICO

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La Fiscalía ha mantenido la pena de 8 meses de prisión para la madre preadoptiva de la niña conocida como Piedad durante el juicio que ha tenido lugar en el Juzgado de Lo Penal, número 1 de Las Palmas de Gran Canaria mientras que la defensa solicitará -una vez que salga la sentencia y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- la nulidad del proceso al no recibir ninguna notificación de que el juicio oral no sería público, según puso este jueves de manifiesto el abogado de la defensa, Eligio Hernández.

"Los debates del juicio oral serán públicos bajo pena de nulidad. Podrá, no obstante, el presidente mandar que las sesiones se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad, de orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito y su familia. Para adoptar esta resolución, el presidente, ya de oficio, y a petición de los acusadores, consultará al Tribunal, el cual deliberará en secreto, consignando su acuerdo en auto motivado contra el que no se hará recurso alguno", dijo mientras afirmó que a él no se le notificó ningún auto diciendo que el proceso no podía ser público. "Yo entiendo que de lo que se ha hecho, todo es nulo", añadió.

El abogado comentó que antes de empezar preguntó a la juez que instruye el caso si iba a ser audiencia pública y que ésta le respondió que ya había dado las instrucciones "adecuadas" al agente judicial.

Hernández afirmó que presentará una denuncia ante el CGPJ para que se de por nulo el juicio que tuvo lugar esta mañana en el Juzgado de Lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. "En mi opinión, en el llamado caso Piedad se ha cometido el mayor número de errores judiciales y administrativos, probablemente los mayores que yo haya tenido conocimiento en mi experiencia como juez, como fiscal y como abogado", indicó.

Además, el letrado expuso que durante un momento del juicio la juez consideró que había que terminar porque había juicios posteriores, ante lo cual, Hernández planteó "que no había ningún problema, que le retirara la palabra, que se consignara el acta y que se terminara el juicio". Así, según el letrado, la juez indicó que no quiso "decir eso" y el abogado pudo continuar.

Por otra parte, consideró que el Juzgado número 1 de Lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria "no tiene competencia para juzgar", ya que opinó que lo debería tener el Juzgado de Instrucción de La Orotava, "que fue donde ocurrieron los hechos".

También indicó que el delito ya había sido juzgado y que la Audiencia Provincial no tenía competencia para mandar la entrega de la menor, "por la sencilla razón de que ese mandato era diferente a otro que se estaba mandando en ese momento, que era el Juzgado de Primea Instancia".

"La niña no es propiedad de nadie"

La madre preadoptiva agradeció la presencia de los medios de comunicación, remitió todas sus declaraciones a las palabras de su abogado y explicó que dentro de la sala no se había permitido la humanidad y el sentimiento en relación a los hechos producidos. Sobre la niña, recalcó que "nunca" ha llevado el caso como una lucha entre adultos y consideró que la niña no es una propiedad de nadie. También aseguró que ha luchado para que la menor sea tratada como un sujeto de derecho, "muy lejos de un objeto".

"Lo único que deseo para ella es estabilidad, que la tiene más que ganada con su desgarro, su sufrimiento y su abandono, y tranquilidad en la vida", dijo mientras recordó que no ha podido ver a la niña desde el 10 de mayo de 2007. "Quiero para ella lo mejor porque es una niña que ha sufrido mucho más que un adulto", señaló.

Por su parte, la madre biológica comentó a la salida del juicio que veía a Piedad los fines de semana y que la menor estaba "con ella", añadiendo que -en respuesta a una pregunta sobre su nerviosismo- dentro de la sala no le habían dicho "nada". "De todas maneras, también me repercute lo de esta señora", dijo sobre la madre preadoptiva.

Cuatro centros de menores

La menor fue retirada a su madre biológica a los siete meses de nacer y estuvo sucesivamente en dos centros de menores hasta los tres años; luego fue dada en acogimiento preadoptivo en La Orotava (Tenerife), residiendo con su nueva familia casi tres años, hasta que, por orden judicial tras una demanda de la madre biológica, el 10 de mayo de 2007 la separaron de esta familia ingresándola en un centro de menores del Cabildo de Tenerife".

Más tarde, devolvieron la niña a la madre biológica, con la que permaneció alrededor de un año, hasta que a finales del pasado mes de octubre de 2008 volvió a un centro de menores, el cuarto en su corta existencia, "evidenciándose el fracaso de la medida", según comunicó Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni).

El denominado caso Piedad -nombre falso para preservar la intimidad de la menor- mereció un notable interés informativo entre 2006 y 2007, tiempo en que duró la 'pugna legal'. Para Prodeni, la acción de la Justicia estuvo "fuertemente inclinada a favor de los intereses y derechos de la parte biológica y en contra de los intereses y derechos de la niña, que nunca fue escuchada, desestimándose asimismo informes técnicos y profesionales --incluso de Protección de Menores-- contrarios al desarraigo de la menor del lugar donde había encontrado estabilidad y felicidad.

Prodeni denunció que "entre el 10 de mayo de 2007 y su vuelta a un centro de acogida a finales del mes pasado, el trayecto de esta niña está sembrado de silencios y absoluta opacidad, hasta el punto que el propio juzgado de familia nº 5 de Las Palmas, careció de informes sobre la evolución de Piedad en el centro de menores hasta que fue entregada a la madre biológica, tal como acreditó la propia jueza, primero en una providencia de enero de 2008, en el que reiteraba demanda al Gobierno de Canarias de los informes no recibidos de la menor entre junio y octubre de 2007, y luego, en su resolución de ejecución de la disposición de entrega de la niña, en Febrero de 2008, basándose únicamente en una información telefónica desde La Dirección General del Menor de que la niña estaba bien".

Prodeni pide la retirada de la acusación

Por su parte, la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), -que acudió al Juzgado número 1 de Lo Penal de la capital grancanaria y se quedó, junto a los medios de comunicación, fuera de la sala- reclamó a la Fiscalía de Las Palmas que retirase la acusación de desobediencia a la madre adoptiva, por la que fue juzgada este jueves.

"Se da la circunstancia de que la madre adoptiva ya fue condenada por ese delito hace ahora un año y de que está incursa en dos nuevos procedimientos abiertos por lo mismo, con lo que, de seguir así, podría ingresar en prisión y verse condenada hasta cuatro veces, porque la Fiscalía no ha querido que se unificara en un solo acto lo que fueron supuestos actos de desobediencia sucedidos en una misma secuencia ininterrumpida de un trepidante procedimiento", según la ONG.

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