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El Gobierno de Rajoy trata de tumbar la Ley Canaria de Educación no Universitaria

El consejero regional del área, José Miguel Pérez, advierte de que el Ejecutivo central apunta discrepancias en la norma autonómica, que podrían acabar en un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional

"Vamos a defender nuestras propuestas, que son las acordadas entre todos los sectores implicados en la Educación de Canarias, aunque nos las recurran", afirma

Para Pérez, las apreciaciones del Gobierno central "son inconsistentes, por lo que esta actuación del Estado parece más una estrategia de revancha contra el Ejecutivo canario por haber recurrido en su momento la Lomce"

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Alumnos en una clase de primaria. Efe.

Alumnos en una clase de primaria. Efe.

El Gobierno de Canarias ha advertido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende modificar  la Ley Canaria de Educación no Universitaria elaborada “de manera ejemplar” a partir del diálogo y el consenso alcanzado entre todos los sectores de la comunidad educativa del Archipiélago y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado mes de agosto.

Así se desprende del proceso que ha iniciado la Administración estatal, a través de sus Ministerios de Hacienda y Educación, apuntando discrepancias en relación a 17 puntos recogidos en la norma autonómica, que podrían acabar en un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional.

La Administración regional señala en un comunicado que, en concreto, los puntos de desacuerdo señalados por el Ministerio se refieren a los artículos 29.6 y 29.7, sobre educación infantil; 30.3 y 30.5.a de Educación Primaria; 31.3 de Educación Secundaria Obligatoria; 33.6, 33.13.a y b sobre Formación Profesional; 63.3 y 63.5 sobre el acceso y el ejercicio de la función pública docente; 64.3, de formación y promoción de la carrera docente; 68.1, 68.2, 68.3 y 68.4 de evaluaciones de diagnóstico y las disposiciones adicionales tercera, de estabilidad laboral del personal interino, y sexta, sobre el sistema retributivo.

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez, denuncia que el Gobierno central “duda de que Canarias pueda ejercer su margen legal de competencia autonómica cuando nuestra Comunidad intenta dar una respuesta educativa legítima adaptada a las características propias de estas Islas”.

“Actuamos respetando escrupulosamente la normativa básica del Estado y en ningún caso la contradecimos, pero allí donde entendemos que dicha normativa es mínima e insuficiente para atender las singularidades canarias, desarrollamos nuestra capacidad legal de actuación, como se hizo con la Ley aprobada por el Parlamento de Canarias”, señala.

Para el consejero, aspectos que “no contradicen en ningún caso la norma básica”, no son motivo para recurrir estos artículos. Al respecto, hace referencia a asuntos planteados en la Ley canaria, como la regulación por parte del Gobierno autonómico de la participación del Archipiélago en las evaluaciones de diagnósticos nacionales e internacionales; la convocatoria con carácter provisional de puestos de trabajo docentes laborales; las competencias autonómicas en la regulación del primer y segundo ciclo de educación infantil; el arbitrio por la Comunidad de fórmulas para favorecer la estabilidad de interinos de más de 55 años y 5 años de servicio; y el reconocimiento y retribución del profesorado en los términos que se definan en los órganos de negociación correspondientes.

Ante la iniciativa del Ejecutivo estatal, Pérez se muestra contundente y asegura que “vamos a defender nuestras propuestas, que son las acordadas entre todos los sectores implicados en la Educación de Canarias, aunque nos las recurran”. En ese sentido añade que las apreciaciones del Gobierno central “son inconsistentes, por lo que esta actuación del Estado parece más una estrategia de revancha contra el Ejecutivo canario por haber recurrido en su momento la Lomce, una Ley hecha de espaldas a toda la sociedad”.

“El Gobierno de España debe considerar que la Lomce es la única norma posible en materia educativa y pretende ignorar el papel de las Comunidades Autónomas”, expresa el consejero.

Asimismo, recuerda que la Ley Canaria de Educación no Universitaria tiene como objetivo preservar la equidad del sistema educativo, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas, actualizar la normativa sobre la materia actualmente vigente y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero y eso siempre atendiendo a las especiales necesidades de la Comunidad.

El Gobierno de Canarias anuncia que intentará negociar con el Ejecutivo de Rajoy en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canariasbpara intentar resolver las discrepancias apuntadas por el Estado.

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