El Gobierno canario ''hace caja'' con la financiación estatal de la Ley de Dependencia
Canarias está sobrefinanciada en relación a los servicios que presta la Comunidad Autónoma a los 5.012 dependientes reconocidos al amparo de la Ley de Dependencia. Un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basados en datos oficiales recogidos de organismos públicos del Gobierno de España y del propio Boletín Oficial del Estado, determina que el Archipiélago es la Comunidad Autónoma española que menos dependientes atiende (0,24 %), en la que dos de cada tres dependientes dictaminados están a la espera de evaluación de su dependencia a través del denominado PIAS, y que recibe cuatro millones de euros de más de financiación de lo que supone la factura de los servicios que presta a los 5012 dependientes que atiende.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el incumplimiento de los compromisos de financiación con la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Canarias y la falta de atención a las personas en situación de dependencia que residen en las Islas, incluso a aquellas que tienen reconocido el derecho a las prestaciones y servicios de la Ley al haber sido dictaminadas y por las que la Administración General del Estado (AGE) transfiere los fondos correspondientes del nivel mínimo de acuerdo con las cantidades explicitadas en el Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.
A la luz de este informe, Canarias es la Comunidad Autónoma que menos personas en situación de dependencia atiende en relación con la población. Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Política Social ?enviados por el propio Gobierno de Canarias a 1 de noviembre, son 5.012 (un 0.,24 %). Canarias es la Comunidad Autónoma que más personas en situación de dependencia que tienen reconocido el grado y nivel que les genera el derecho ?y por las cuales reciben la financiación del nivel mínimo de la AGE ? esperan a que se les realice el Plan Individual de Atención por lo que no se les presta ninguna atención ni servicio, según datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a 1 de noviembre de 2009.
Sobre la financiación. Los porcentajes de la discordia
En Canarias la aportación de la Administración General del Estado es de 40.784.222 euros. De ellos, 30.992.277 eurosse destinan para el nivel mínimo y 9.791.944 euros, para el nivel acordado.
A esta financiación habría que sumar otra fuente de ingresos para las Comunidades Autónomas procedente de los convenios suscritos al amparo de los créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. Esta aportación estatal es finalista y se refiere a la modernización de la red de servicios para el SAAD en las Autonomías, por lo que no se aplica directamente a prestaciones y servicios sino que se destina a infraestructuras, sistemas de gestión, formación, etc.
El Gobierno de Canarias recibe por esta vía de financiación 12.901.953 euros. Así, y a la vista del informe, l a Comunidad Autónoma de Canarias recibe por estos conceptos un total de 53.686.175 euros.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales ha explicado a CANARIAS AHORA que, no obstante, existe otro agente financiador del sistema del cual se puede elaborar estimaciones de aportación. Se trata de los usuarios del SAAD que cofinancian el mismo a través de las fórmulas de co-pago. El promedio de aportación de los usuarios al sistema supone al menos el 17% del total de gasto efectuado en 2009. En Canarias esta aportación de los usuarios se estima en 8.359.384 euros.
De este modo, en las Islas el gasto se situaría en torno a 45.182.139,83 euros para atender a las 5.012 personas que reciben alguna prestación o servicio del SAAD en el ejercicio actual de 2009.
En Canarias, sumadas las aportaciones de la AGE y de los usuarios para 2009 la cifra aportada estaría en torno 49.143.606 euros(40.784.222 euros. -30.992.277 euros para el nivel mínimo y 9.791.944 euros para el nivel acordado- y 8.359.384 de euros por aportación de los usuarios) que ñadido a lo que recibe Canarias por el fondo estatal (12.901.953 euros) ingresaría para la dependencia 62.045.559 de euros.. Si la factura global 2009 de servicios y prestaciones entregados es de 45.182.139,83 euros.
El resultante a favor del Gobierno de Canarias seria de -3.961.466,29 euros (sin tener en cuenta el fondo estatal) o de -16.863.419,29 euros (teniendo en cuenta el fondo estatal) que estaría recibiendo de más, según los cálculos de estos expertos en la Ley de Dependencia, su financiación y sus costes.
De este modo, entienden que la Comunidad Autónoma de Canarias está sobre financiada con relación a los servicios que prestan a los 5.012 personas dependientes. Consideran, además, que si la financiación se sigue entregando a las Comunidades Autónomas en función de este parámetro (dictámenes realizados) y no en función de los servicios realmente entregados, se producirán graves distorsiones, que como en Canarias. la diferencia entre una y otra cifra es escandalosa.
En la Comunidad de Canarias hay 14.204 personas con derecho a prestación, de las cuales solo 5.012 están atendidas. No obstante esta Comunidad recibe fondos del Estado por los 14.204 dependientes.
Financiación y gasto estimado
Canarias esta percibiendo de la Administración General del Estado más financiación de la necesaria para sostener los servicios y prestaciones que entregan realmente, como ya adelantara la semana pasada el diario El País y desmintiera, acto seguido, la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas.
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gestores de Servicios Sociales, el análisis de los datos “requiere una reflexión profunda a los responsables políticos del Gobierno de Canarias, una activa denuncia de la sociedad civil en defensa de las personas más vulnerables e incluso a la actuación de oficio de algún organismo e institución que vela por el cumplimiento de las normas y compromisos institucionales”.
El esfuerzo por habitante es un parámetro muy importante a la hora de determinar lo que está ocurriendo en las diferentes Autonomías y para detectar las posibles inequidades que se estén produciendo debido a la disparidad en la intensidad del esfuerzo en cada territorio, tanto en materia de financiación como en materia organizativa y de gestión. El menor esfuerzo (menor gasto por habitante) se localiza en Canarias, con apenas 20 euros.
De ahí que la Asociación mantenga que el Gobierno de Canarias “hace caja” con la financiación que percibe de la Administración General del Estado para atender a las Personas en Situación de Dependencia. Cada dependiente atendido le renta 849,37 euros al año. Los ingresos reales de la atención efectivamente entregada a las personas en situación de Dependencia en 2009 sobrepasan en Canarias los gastos realizados en prestaciones y servicios entregados a los 5.012 usuarios atendidos.
La Asociación critica que “no se puede seguir manteniendo una financiación basada en los dictámenes elaborados si la diferencia entre estos y la prestación efectiva de los servicios es tan enorme”. Esto lleva a la sobrefinanciación de la Comunidad Autónoma de Canarias que tienen en espera de PIA a miles de personas durante un tiempo “indeterminado”, ya que 9.122 personas están en el “limbo de la dependencia”, tienen el derecho reconocido de acuerdo a un dictamen pero no reciben prestación o servicio pues no se le ha prescrito todavía y esto ocurre aa dos de cada tres dependientes canarios.
