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Inés Rojas dice que la ley de dependencia se creó sin garantías

EL PSOE ACUSA A LA CONSEJERA DE POLITIZAR LA NORMA

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La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo este lunes que la ley de Dependencia se aprobó de forma rápida y sin garantías mientras que el grupo socialista le acusó de politizar la ley y de estar incapacitada para gestionarla.

Rojas, que compareció en el Parlamento de Canarias a petición del grupo Socialista, aseguró que no se dejará presionar para aplicar la ley sin las suficientes garantías porque, dijo, "antes me voy a mi casa".

Agregó que aunque tiene muchas debilidades, que precisarán su reforma, la ley puede ser "maravillosa" si se trabaja junto y de forma fluida con la Administración Central.

Ante las críticas de la diputada socialista Francisca Luengo sobre la tardanza del Gobierno canario en firmar el convenio con la financiación de la ley, Rojas explicó que se negó a firmar el convenio porque los términos del mismo eran "los mismos" que para otras comunidades autónomas cuando Canarias "no es igual".

Puso como ejemplo que se daba el mismo dinero para la gestión de recursos que el que se concede a un territorio continental y no se incluía la posibilidad de construir nuevas infraestructuras.

Rojas señaló que después de varias negociaciones con el Inserso se consiguió ampliar el doble la partida destinada para la gestión de los recursos y preció que aunque no se facilitó dinero para las infraestructuras, el Estado se comprometió a incluirlo en el convenio de 2008.

Recordó que la dotación fue de siete millones y medio de euros para la gestión de recursos, el pago de las ayudas y el mantenimiento de plazas cuando Canarias invierte 26 millones de euros mensuales en las plazas.

Adelantó en el Gobierno canario también ha mostrado su rechazo a criterios para argumentar los fondos que reciben las comunidades autónomas como es el de la superficie de la comunidad autónoma.

La consejera aseguró que tampoco aceptará el convenio si no se incluye los fondos para infraestructuras.

Apuntó que al principio la gente solicitó de forma masiva que se les valorase y en total se recibieron 14.600 solicitudes pero ahora personas que ya tienen plaza en el sistema de dependencia canario no quieren ser valoradas por el temor a entrar en otra categoría y perder la plaza que ocupan.

Rojas indicó que estas personas dependientes deben tener la seguridad del mantenimiento de sus plazas y de que éstas se incorporarán de forma paulatina al sistema que establece la Ley de Dependencia.

Señaló que el Estado creó esta ley sin saber si la comunidad autónoma tenía una "silla" para cada una de las personas que precisan las ayudas.

Francisca Luengo, del grupo Socialista, dijo que hay una tremenda confusión por la aplicación de la ley en Canarias, de lo que culpó al Gobierno regional, y subrayó que nadie sabe lo que hay que hacer para acogerse a este ley.

Luengo señaló que el convenio con el Estado para la financiación de la ley en 2007 es una prueba palpable de que el Gobierno de Canarias no ha apostado por la ley ya que, recordó, el Gobierno canario lo firmó en diciembre cuando lo podía haber firmado en junio tal y como lo hicieron la mayoría de las comunidades autónomas.

Recordó que la Comunidad Autónoma ha contabilizado 6.402 dependientes que no han podido recibir las ayudas por la tardanza del Gobierno canario.

Agregó que la financiación del convenio ha cubierto servicios que ya estaban funcionando desde hace muchos años como la residencia de Ofra, en Tenerife, o la de Taliarte, en Gran Canaria.

Luengo dijo que la ley de dependencia es un sobreesfuerzo del Estado y las comunidades autónomas para afrontar el déficit en la prestación de servicios sociales para las personas dependientes y subrayó que la obligación del Gobierno de Canarias es atender a los 6.402 dependientes contabilizados por el propio Ejecutivo.

Señaló que el Gobierno de Canarias se ha gastado el dinero en los centros públicos por lo cual no se puede atender "a nadie más".

En su opinión, los 6.402 grandes dependientes están abandonados y afirmó que un año y medio después de su aprobación, la consejera ha demostrado que está incapacitada para gestionar esta ley.

Luengo acusó al Gobierno de politizar esta ley con discriminación de islas como Gran Canaria, que a pesar de ser la isla con mayor número de personas con discapacidad, recibe cinco millones de euros menos que Tenerife.

Carlos Ester, del grupo Popular, dijo que el Gobierno español dio 7 millones de euros mientras que el canario aporta 24 millones y subrayó que el convenio de 2008 "ni ha llegado ni se le espera".

Ester reprochó al PSOE que ha querido que todos los ayuntamientos se enfrente al Gobierno canario para ocultar una realidad y es el que el Ejecutivo central no ha puesto el dinero suficiente para poner en marcha los servicios y además, agregó, se ha cargado el plan gerontológico.

"El Gobierno de la Nación invita pero tu pagas" agregó Ester.

Francisco Acosta, del grupo de CC, indicó que la ley de Dependencia se sacó "de prisa y corriendo" y por ello no tiene decretos que regule su aplicación y sin una financiación que avale los criterios de la ley.

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