El Instituto Canario de la Mujer exige que se cambie la ley sobre violaciones
El Instituto Canario de la Mujer (ICM) promoverá un movimiento institucional para pedir que cambie la ley, pues hoy en día las violaciones que no han sido denunciadas por la víctima no pueden ser perseguidas aunque haya evidencias, explicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido.
Preguntado por las muestras de ADN obtenidas en exploraciones médicas a mujeres que acudieron a urgencias tras haber sido violadas, y que no pueden ser usadas para ofrecer pistas a la Policía porque no ha habido denuncia, el fiscal aseguró que se trata de una cuestión así establecida por la legislación.
Sin denuncia, la violación, técnicamente, no es un hecho delictivo, ya que “requiere sin ninguna duda la denuncia de la persona ofendida”, agregó. Tanto es así, que si alguien presencia una violación y lo pone en conocimiento de la Policía, ésta podrá investigar y preguntar a la agredida si quiere denunciar, pero si no quiere no se inicia el procedimiento, salvo que sea una persona menor de edad.
Distinto es, prosiguió Garrido, si ha habido agresión física aparte de la violación, pues las violaciones “no necesariamente” tienen que conllevar agresión física. En tal caso, el médico tiene el deber de poner el caso en conocimiento de las autoridades.
Garrido consideró una “frivolidad” asociar las muestras médicas a supuestas violaciones porque éste es un concepto jurídico que requiere intervención de las autoridades para que sea considerado como tal.
El fiscal jefe del TSJC declinó opinar sobre estos extremos legales y se limitó a afirmar que “la ley es la ley”.
Por su parte, la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, no dudó en expresar su respeto por las normas, pero reconoció que ello no quita que sean cuestionadas cuando han quedado “obsoletas” y no dan “respuestas a problemas reales”.
Por este motivo, y por contradicciones como que una violación no sea considerada una agresión física para que sea perseguida de oficio, explicó que se pondrá en contacto con otras instituciones para promover una posición conjunta y elevar una demanda de modificación legal a las instancias correspondientes.
Agregó que da “pena” que no se aprovechen todas las oportunidades existentes para sancionar a quienes trasgreden la ley y “todo lo que se haga” para que un violador sea castigado es poco, “y si la ley no lo permite, debe cambiarse”.
Además, en la norma “hay elementos contradictorios, espero que los expertos y médicos emitan los informes adecuados para que una violación se entienda igual que una agresión física”, expresó.
De momento, dado el marco legal actual, de Luis invitó a las mujeres agredidas a denunciar para poner en marcha los procedimientos judiciales y les pide que entiendan que no están en desamparo, que hay instituciones para ayudarlas, y que su agresión, a su juicio, no es un problema privado. Además, aseguró que no denunciar “crea en su interior un enorme malestar que a veces es peor que la propia violación”, pues el suceso “la va a estar martirizando con consecuencias gravísimas”.
La representante de la Oficina Insular de Atención Especializada a Víctimas Agresiones Sexuales y Acoso Sexual, Raquel Lorenzo, abogó asimismo por cambiar la ley y ofrecer apoyo psicológico a la mujer que debe pasar un procedimiento legal para que no suponga un “trauma más porque el que viola una vez, viola más, y si hay pruebas, lo lógico es que policías, jueces y tribunales creen los medios para buscarlos”.
Fuentes de la Asociación Isadora Duncan agregaron que las turistas casi nunca denuncian y este hecho, en cualquier mujer, crea grandes frustraciones para toda la vida porque “es muy fuerte” que no se haga justicia. Por todo ello, Isabel de Luis pidió que expertos y juristas se pronuncien sobre esta situación y busquen soluciones.
