Insultos, vejaciones y dejación en el centro Nivaria

El 13 de noviembre de 2004, Phillip García Zoch, de 16 años, apareció muerto en su celda del centro Nivaria para menores bajo medidas judiciales. Le encontraron con una bolsa de plástico en la cabeza, pero sin signos de asfixia, y aunque la versión oficial apuntó a que se trataba de un suicidio, los forenses tienen sus dudas. Casi ocho años después, seis ex vigilantes de seguridad y una ex educadora se sientan en el banquillo, acusados de un delito contra la integridad moral.

El abogado de la acusación particular solicitó este lunes, en la primera sesión de la vista oral, que fuesen llamadas a declarar como testigos Águeda Montelongo, que en 2004 era consejera de Asuntos Sociales, y María del Mar Arévalo, que era responsable del Menor y la Familia, pero el tribunal que preside el juez Francisco Mulero no lo ha estimado necesario.

Las conclusiones provisionales del fiscal y el abogado de la familia han puesto de manifiesto las cotidianas vejaciones, insultos y desprecios que podían sufrir los menores internos, pero también los castigos físicos y psicológicos, con instrumentos de contención que iban desde los grilletes hasta las camisas de fuerza.

Sin embargo, de las declaraciones de los siete acusados se desprende no solo esa forma de actuar, sino que además, ni los vigilantes ni los educadores estaban capacitados para ejercer sus funciones.

Vigilantes de menores con antecedentes penales

Es el caso de Manuel Dorta, que fue contratado por Seguridad Integral Canaria como vigilante para el centro Nivaria, pese a que le constaban antecedentes policiales y un antecedente penal por un delito contra la salud pública. Pocas horas antes de que Phillip apareciera muerto, y según testigos, Dorta le insultó, le llamó chivato y le amenazó de muerte, hasta que la educadora de turno, la también acusada Nieves Cruz, le pidió que parara.

Dorta negó todo, acusó a la educadora de no mover un dedo para proteger a Phillip y afirmó que únicamente pasó una vez por delante de la puerta de la celda en la que el chico estaba en condición de refugiado, ya que también había recibido amenazas y una paliza por parte de otro interno, que fue condenado por ello en 2008 por el juez de menores.

El jefe directo de Dorta, Francisco Legaz, que fue despedido al día siguiente del fallecimiento de Phillip, negó que le hubiesen informado de ese comportamiento, y recalcó, como Dorta y el resto de los ex vigilantes, que ellos dependían del criterio de los educadores a la hora de aplicar “medidas” de contención, pero Nieves Cruz, sostuvo que le informó personalmente.

Esta educadora, que pese a llevar solo dos meses contratada por la Fundación Ideo fue nombrada coordinadora por ser la más antigua en el cargo, afirmó que Legaz no comunicó el comportamiento de Dorta a la compañía de seguridad privada. Claro que tampoco ella indicó en su parte de incidencias ni ante la Guardia Civil que Phillip hubiese sido atacado verbalmente por el vigilante y otros internos, ya que, según dijo, “los insultos eran tan comunes y tan cotidianos que no les di importancia. Los insultos era lo normal”.

Esa noche, no solo Dorta habría amedrentado al fallecido, sino que el interno que ya le había dado una paliza con anterioridad pidió tres veces ir al aseo, y en las tres aprovechó para amenazarlo, igualmente, de muerte.

Otro de los vigilantes, Vicente Rivero, negó que hubiese contemplado cómo Dorta ponía la bota en la cabeza de Phillip dos días antes de morir, pero sí corroboró lo que dijo en la fase de instrucción acerca de otro compañero, Gorrín, con fama de maltratador entre los menores. “Es lo que decían los chicos, que Gorrín los golpeaba, los esposaba a la cama y que a uno le abrió la cabeza”.

Rivero también había sido contratado pese a tener una causa judicial pendiente que le terminó llevando a prisión.

Una irregularidad detrás de otra

En medio de esa manera cotidiana de funcionar, en la vista oral de este lunes quedaron expuestas, otras irregularidades, tanto por parte de la empresa privada de seguridad como por parte de la Consejería que llevaba Águeda Montelongo.

Por ejemplo, que los vigilantes acusados no tenían ningún tipo de experiencia previa con menores, y mucho menos con menores conflictivos, y que ni siquiera habían recibido un curso de formación, que según la Ley es obligatorio. Tanto Dorta como Rivero coincidieron en que no sabían manejar los instrumentos de contención, como las cintas de contención psiquiátrica, ni tenían claro cuál era su protocolo de actuación.

En cuanto a los educadores, Nieves Cruz sostuvo en su defensa que tampoco había trabajado nunca con menores, que carecía titulación específica para su tarea, y que no siquiera sabía cómo actuar.

“Los chicos se nos iban de las manos. No sabíamos qué internos estaban medicados o no (Phillip estaba en tratamiento psiquiátrico), ni tampoco los motivos por los que estaban allí. Por no saber, no sabía cuáles eran mis funciones”, matizó.

El juicio durará hasta el jueves, con la participación de once abogados, incluidos los que representan a la Fundación Ideo del Gobierno de Canarias, a Seguridad Integral Canaria y a seguros Ocaso. Las peticiones de condena oscilan en total entre los 22 años del fiscal y los 37 de la acusación particular.