El alcalde de La Laguna contraprograma la intervención de su principal rival ante el Parlamento Europeo

De izquierda a derecha: El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz y el concejal de Por Tenerife, Santiago Pérez.

Carlos Sosa

Santa Cruz de Tenerife —

Mismo día y misma hora. El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria) ha decidido castigar a su principal contrincante dentro de la Corporación, el socialista Santiago Pérez (ahora en Por Tenerife), con una cuña de su propia madera. Pérez pasa por ser el concejal más crítico y más combativo con el alcalde lagunero, al que somete en cada pleno de la Corporación a auténticos martirios dialécticos, políticos y jurídicos. Autor de las denuncias más dolorosas contra la gestión de Coalición Canaria (como la del caso Las Teresitas, que acaba de saldarse hace unos meses con duras condenas a los acusados), Santiago Pérez no limita su actividad política al Ayuntamiento de la tercera ciudad de Canarias. También trabaja contra iniciativas que considera perjudiciales para el Archipiélago, como la Ley del Suelo, que precisamente entrará en vigor este vienes 1 de septiembre.

Y es la Ley del Suelo la que le llevará el próximo día 7 de septiembre a comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, donde habrá de defender su tesis de que esa nueva ley del Gobierno de Fernando Clavijo vulnera normas europeas y españolas de carácter básico, además de suponer “una regresión de derechos de los ciudadanos reconocidos por la UE, la Constitución Española y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados europeos, como el derecho a la igualdad ante la Ley frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, a la propiedad y al medio ambiente”, según consta en la denuncia que interpuso ante la Cámara comunitaria.

Conocedor el alcalde de esa cita europea de su enemigo político número uno y de su imposible don de la ubicuidad, decidió convocar para el mismo día 7 a la misma hora (16:30) un pleno extraordinario del Ayuntamiento de La Laguna solicitado por la oposición en pleno (mayoría absoluta de la Corporación) para debatir una propuesta de resolución acerca de otro de los asuntos que traen de cabeza a Coalición Canaria: la proliferación de microalgas tóxicas en el litoral de varias islas (particularmente Tenerife y Gran Canaria) y su estrecha relación con los vertidos de aguas fecales al mar.

La propuesta de resolución que la oposición pretende aprobar en pleno tiene su enjundia porque en ella se obligaría al pleno del Ayuntamiento a dirigirse al Parlamento de Canarias para “el inmediato restablecimiento, a través del procedimiento legislativo de urgencia, de la Directriz 85, de la Ley de Directrices de Ordenación General recientemente derogada por la Ley del Suelo, que determina el carácter preferente de las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental y en especial las de depuración y tratamiento de residuos, la depuración, el saneamiento y los vertidos”. Es decir, dos pájaros de un tiro, un doble golpe a Coalición Canaria en la ley fundamental de esta legislatura y en uno de los asuntos de mayor controversia en este segundo tramo de legislatura.

Pero, además, la propuesta de resolución incluye la exigencia de asunción de responsabilidades a Coalición Canaria “por la incapacidad demostrada y los incumplimientos constantes de la legalidad en materia de tratamiento de aguas residuales, desde las presidencias del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife”. Las joyas de CC: el Gobierno de Canarias, soportado tan solo con los 18 diputados de CC (sobre 60 que conforman la Cámara) y el Cabildo de Tenerife, a cuyo frente se encuentra uno de los escuderos más reconocibles del presidente Clavijo.

El alcalde Díaz consultó con su socio natural, el portavoz del PP Antonio Alarcó, a quien le pareció bien la convocatoria para el día 7, desconocedor de la cita de Santiago Pérez en Bruselas, y con las dos concejales socialistas/oficialistas escindidas del sentido opositor de los otros concejales socialistas (menos oficialistas), a las que también pareció de campanillas la idea de la contraprogramación.

Advertido José Alberto Díaz por Santiago Pérez de que no podría acudir al pleno por encontrarse en tareas comunitarias, el alcalde decidió acumular el pleno extraordinario reclamado por la oposición con el pleno ordinario del mes de septiembre, lo que a todas luces deslucirá la intención de los promotores de que la sesión tuviera carácter monográfico.

La respuesta de la oposición ha sido negativa: habrá pleno el día 7 de septiembre a las 16:30 horas al tiempo que en Bruselas Santiago Pérez pide a la Unión Europea que intervenga contra la Ley del Suelo de Canarias, la misma que a su entender libera al Gobierno de sus obligaciones con los vertidos de aguas fecales, culpables diferidos del engorde de las microalgas tóxicas.

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