Patricia Hernández anuncia una ley para que los servicios sociales no sean “beneficencia” sino derechos
La futura ley de servicios sociales de Canarias transformará la beneficencia y la filosofía asistencial de los servicios sociales en un derecho de todos los ciudadanos, que dispondrán de un sistema reglado de servicios, de un historial individualizado y de una tarjeta social, anunció este viernes la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández.
La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda presentó este viernes el anteproyecto de ley de servicios sociales, que será tomado en consideración el próximo lunes por el Consejo de Gobierno y en cuya redacción ha sido protagonista el Consejo General de Servicios Sociales.
La ley pretende ordenar la cartera de servicios de las administraciones autonómica, local e insular y del tercer sector y acabar con el caos actual, al integrarlos todos en el Sistema Canario de Servicios Sociales.
Los ciudadanos accederán al sistema a través de una ventanilla única en sus respectivos ayuntamientos.
Allí dispondrán como mínimo de un profesional social de referencia encargado de crear un itinerario en función de las necesidades individuales.
Además del profesional de referencia, que actuará a modo de médico de cabecera pero en servicios sociales, todos los ciudadanos tendrán derecho a un equipo multidisciplinar de asistencia, con trabajadores sociales especializados, explicó Patricia Hernández.
En este nuevo sistema de servicios sociales, los ciudadanos tendrán una tarjeta social y un historial social único digitalizado en el que figurarán las ayudas o actuaciones en las que ha participado.
Los ciudadanos tendrán derecho a cambiar de profesional social de referencia, a acceder a su expediente, a recabar una segunda opinión si no están de acuerdo con el diagnóstico o itinerario ofrecido y a una cartera de prestaciones y servicios.
Esa cartera de prestaciones sociales no aparecerá explícita en la ley, sino que se fijará en el plazo de doce meses desde su aprobación por un decreto del Gobierno de Canarias.
Cada prestación incluida en ese catálogo contará con su propia ficha financiera, informó Patricia Hernández, que no especificó las previsiones de inversión y gasto que significará la puesta en marcha de esta norma.
La vicepresidenta indicó que la futura Ley de Servicios Sociales apuesta por la prevención, al dar un papel relevante al educador social, e implica al tercer sector, en el que se engloban las entidades no gubernamentales relacionadas con los asuntos sociales.
Patricia Hernández subrayó que la Ley de Servicios Sociales no es solo para las personas sin recursos, sino para todos los ciudadanos, aunque se establecen prioridades en casos como discapacidad, violencia de género y riesgo de exclusión social.
Así, englobará ayudas como la Prestación Canaria de Inserción, pero también servicios como la adopción o el acogimiento.
La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda insistió en que no será una ley del Gobierno de Canarias, ni siquiera del Parlamento, sino de toda la sociedad, y de hecho su elaboración se ha realizado “de abajo arriba” no por su departamento, sino por el Consejo General de Servicios Sociales.
Se trata de un órgano asesor del Gobierno que reúne a los responsables de los servicios sociales de las administraciones, así como a profesionales de las entidades privadas colaboradoras, sindicatos y empresarios.
Una vez tomado en consideración el anteproyecto de ley de servicios sociales por el Consejo de Gobierno el próximo lunes saldrá a exposición pública, será informado por el Consejo Consultivo y volverá al ejecutivo para su remisión como proyecto de ley al Parlamento de Canarias.
El cálculo es que el proyecto de ley entrará en el Parlamento para su tramitación en el primer trimestre de 2017.
