Luzardo reconoce ante una juez que tenía un espía a sueldo para las murgas
La ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, reconoció recientemente ante la titular del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que bajo su mandato se pagaba a un trabajador adscrito a la Sociedad de Promoción para que, entre otras tareas, espiara los ensayos de las murgas del Carnaval y conociera las letras que preparaban. El trabajador fue separado de su puesto por el nuevo equipo y ha perdido la demanda laboral que presentó por no tener siquiera contrato.
Al menos durante nueve años José Aguilar prestó sus servicios de manera irregular a la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, una sociedad anónima participada en su totalidad por el Ayuntamiento, de la que fue presidenta Pepa Luzardo durante toda su etapa de concejal de Cultura, es decir, desde 1995 hasta 2003, en que fue elegida alcaldesa.
El trabajador, que a su vez era laboral del Cabildo de Gran Canaria, estaba prestando sus servicios a la Sociedad de Promoción al tiempo que estaba de baja por enfermedad en su plaza de la primera Corporación insular, según han relatado a este periódico dos testigos que acudieron al juicio laboral celebrado recientemente en el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
Aguilar demandó a la Sociedad de Promoción porque, con la llegada del nuevo equipo del PSOE y Compromiso, de inmediato se prescindió de sus servicios. “Fue una de las primeras cosas que hicimos al detectar que este señor no tenía contrato y cobraba mediante la presentación de facturas por importe de 1.200 euros al mes”, confirmó este domingo el concejal Aday Ruiz, de Compromiso, actual responsable de la sociedad municipal.
De acuerdo con lo dicho en la vista, Aguilar cobraba mediante la presentación de facturas cada mes, en ocasiones por importe de 1.200 euros y, cuando recibía otro tipo de encargos, por cantidades superiores.
Durante el juicio, la ex alcaldesa, que acudió como testigo a propuesta del trabajador demandante, reconoció que José Aguilar estuvo trabajando para la Sociedad de Promoción cobrando facturas y acudiendo a los locales de ensayo de las murgas de la capital para conocer si preparaban letras contra el gobierno municipal, según confirmaron estas fuentes.
A pesar de estar de baja por enfermedad en el Cabildo, Aguilar prestaba sus servicios en la Sociedad de Promoción, donde tenía despacho y mesa, pero sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, según quedó constatado en el juicio con los testimonios de los testigos, incluidos los propuestos por el actor.
La situación durante la vista llegó a ser tan extraña que hasta la juez intervino para preguntar a Josefa Luzardo si conocía la existencia de la figura del contrato a tiempo parcial, a lo que la ex alcaldesa contestó que sí. La única escapatoria que, según los testigos consultados por este periódico, trató de encontrar Luzardo fue asegurar que cuando llegó a la alcaldía en 2003 ordenó a la concejal de Cultura, Isabel García Bolta, que regularizara la situación de este trabajador. O las instrucciones no fueron entendidas o directamente fueron desatendidas por la persona que sustituyó a Luzardo al frente de la Sociedad de Promoción.
Tras el cambio de gobierno municipal, Aday Ruiz dio instrucciones a la entonces gerente de la sociedad, Margarita Pérez, para que de inmediato ordenara el cese de la relación que había en aquel instante entre la empresa y José Aguilar.
La sentencia dictada tras este juicio resultó contraria a las pretensiones de José Aguilar, cuya demanda incluso fue declarada extemporánea.
