Marruecos vuelve a impedir la entrada en el Sáhara a una delegación canaria
El Gobierno de Marruecos impidió el pasado 29 de septiembre el desembarco en la ciudad de Dajla de una delegación formada por Carmelo Ramírez, presidente de FEDISSAH y consejero del Cabildo de Gran Canaria, Josefa Milán, miembro de la directiva de FEDISSAH y concejala en el Ayuntamiento de Telde, y José Eduardo Ramírez, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los tres políticos de Nueva Canarias y que acudían como observadores internacionales.
Como difunde en un informe Carmelo Ramírez, las autoridades marroquíes comunicaron a la delegación, nada más aterrizar y sin dar ningún motivo, que no se le permitía bajar del avión, además de ser rodeados por un “fuerte contingente” de la Gendarmería, quien también desplegó efectivos alrededor de la aeronave. Este hecho, tal como denuncia el consejero del Cabildo grancanario, incumple las normas internacionales de navegación aérea.
El objetivo de la visita era comprobar sobre el terreno las denuncias sobre las violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Marruecos sobre la población civil del Sáhara, realizar encuentros con representantes de las diversas organizaciones saharauis defensoras de los Derechos Humanos, visitar a las familias de los presos políticos saharauis encarcelados por el Gobierno de Marruecos para recoger sus testimonios y tener encuentros con víctimas de la represión de la policía marroquí y con sus familias.
En los últimos días la ciudad de Dajla, de 150.000 habitantes de los cuales el 10% son saharauis, se ha visto envuelta en varios altercados tras la muerte del activista Hassana Luali el pasado 28 de septiembre. Luali estaba enfermo de diabetes además de sufrir úlceras estomacales, “fruto de las torturas, las pésimas condiciones de la prisión y el maltrato recibido” según explica el informe. Tras agravarse su salud de manera alarmante, y después de las protestas de sus compañeros, es trasladado al hospital militar donde pereció sin que pudiera ser visitado por su familia, a quien las autoridades marroquíes se lo impidieron.
Para esta delegación expulsada la muerte es “un asesinato” como consecuencia de la falta de atención médica y la negligencia de la administración marroquí, quien además ha ignorado las exigencias de los familiares de hacerle una autopsia que diera a conocer las causas de la muerta y que también ha negado su enterramiento. A raíz de este asesinato, según el informe, se desencandenaron una ola de protestas pacíficas por la población saharaui de Dajla que es reprimida brutalmente por la gendarmería marroquí, con detenidos y heridos.
