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Parejo se compromete a crear un servicio común en la Audiencia

AGLUTINARÍA FUNCIONES DE PRESIDENCIA, REPARTO, NOTIFICACIONES Y JUICIOS CON JURADO

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La nueva presidenta de la Audiencia de Las Palmas, Pilar Parejo, se comprometió a crear un servicio común que aglutine distintas funciones como la presidencia, el reparto, las notificaciones y los juicios que se celebren con tribunal jurado.

La magistrada, que tras tomar posesión de su cargo, consideró prioritario este nuevo servicio, afirmó que también que trabajará para mejorar los medios técnicos necesarios para coordinar y facilitar la comunicación de los distintos órganos judiciales, y que reclamará más plazas de magistrados.

Así mismo, Parejo señaló que, mientras se decide sobre la creación de una sección desplazada de la Audiencia Provincial en Lanzarote, implantará el sistema de videoconferencias y que para ello propondrá que un funcionario de esa isla y otro de Fuerteventura se hagan cargo del mismo.

El objetivo es utilizar este sistema sin sobrecargar de trabajo a los órganos judiciales de dichas islas y evitar desplazamientos a la capital grancanaria de testigos que residen en Lanzarote y Fuerteventura.

La magistrada también ofreció su colaboración a la Comunidad Autónoma para implantar el nuevo modelo de oficina judicial para la Audiencia Provincial, con el fin de que en el momento en que se acometan las reformas procesales necesarias para su puesta en marcha se produzca su implantación de la forma más eficaz y rápida posible.

Parejo se comprometió, por otra parte, a impulsar la celebración de juntas de magistrados para procurar en las medida de los posible la unificación de criterios, especialmente con relación a resoluciones en materias contra las que no cabe ningún otro recurso y en que, por tanto, la decisión de la Audiencia Provincial es la definitiva.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, calificó de "intachable" la trayectoria profesional de Parejo y sostuvo que el esfuerzo que efectuará en su nuevo cargo redundará "en un importante beneficio para el servicio público de la Justicia, que se verá reforzado en cuanto a credibilidad, imparcialidad, probidad y eficacia".

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