La Fiscalía pide ocho años para un hombre acusado de obligar a mendigar a otro
La Fiscalía ha solicitado una condena de ocho años de prisión para un rumano acusado de traer a un compatriota suyo desde su país a Gran Canaria para obligarle a ejercer la mendicidad en la isla, al considerar probados los hechos por los que le acusa en el juicio celebrado este jueves.
El Ministerio Fiscal ha rechazado la versión ofrecida por el acusado, Aurel D., quien ha afirmado que la supuesta víctima, hermano de su primera mujer, viajó en 2016 a Gran Canaria porque quiso y que en ningún momento le amenazó o coaccionó para que mendigara para él.
Así mismo, la fiscal ha destacado que la supuesta víctima, que en la causa se le identifica como el testigo protegido número 6, no ha podido ser localizado, ya que se desconoce su paradero desde que el procesado fue puesto en libertad provisional, debido al temor que siente por Aurel D.
Un temor que quedó demostrado en el juzgado, donde advirtió que iba a cambiar su versión porque no funcionaba el distorsionador de voz, ha recalcado la fiscal, quien ha añadido que este testigo modificó su declaración en sede judicial para no perjudicar al acusado y a todo el clan Dumitru, dedicado a esta actividad delictiva.
La acusación pública ha indicado que fue la propia víctima quien, a los pocos días de llegar a Gran Canaria, en julio de 2016, denunció al acusado ante la Policía Nacional para lograr volver a Rumanía, y que en las conversaciones intervenidas entre ambos se evidencia la violencia psíquica ejercida por el procesado.
Además, en el registro policial efectuado en la casa donde vivía el procesado, en Las Palmas de Gran Canaria, se halló la documentación de la víctima -que según la fiscal se la había retenido-, las cajas donde le ordenaba que guardara el dinero que sacaba de pedir en la calle y una libreta con las anotaciones de las cantidades que le daba a su excuñado.
El Ministerio Público ha apuntado que el acusado, cuando planificó traer a la isla a su excuñado, calculaba que podría obtener de él como mendigo 800 euros al mes y que, según la información recabada en la investigación, en cuatro años envió a Rumanía 27.000 euros sin haber trabajado, aunque el acusado ha dicho que también mendigaba y trabajaba de pintor.
El abogado de la defensa ha solicitado la absolución de su cliente y se ha opuesto de forma frontal a la condena solicitada, ya que ha alegado que la declaración policial en la que se basa la acusación no tiene valor probatorio y la ausencia del testigo principal genera indefensión al acusado.
El letrado ha hecho hincapié en que se trata de un testigo que sufre una enfermedad mental y que ha estado con anterioridad en la cárcel, además de que está convencido de que cuando dice la verdad es en el juzgado, que es donde reconoce que vino porque quiso a Gran Canaria.
En cuanto a los insultos de su defendido que se escuchan en las conversaciones telefónicas intervenidas, el abogado les ha restado importancia porque entiende que son habituales entre los rumanos, algo que también ha dicho el acusado, quien ha señalado que son comunes incluso entre los parlamentarios en su país.
