Piden hasta 300 millones y 17 años de cárcel por tráfico de droga

La Fiscalía ha solicitado imponer penas que oscilan entre seis y 17 años de cárcel más multas de 102 a 300 millones de euros a 14 personas acusadas de formar parte de una operación para importar a Gran Canaria una gran cantidad de cocaína, que habría de ser entregada o trasbordada en aguas internacionales y cuyo valor en el mercado ilícito alcanza un total de 101.794.603 euros.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este miércoles (09.00 horas), el juicio contra N.P.S., M.I.M.P., W.P.D., M.E.C.O., A.E.H.C., V.A., A.T., V.T., G.N., I.P., M.A.A.V., V.B., P.K. y P.S., imputados por un presunto delito contra la salud pública, según el escrito de conclusiones provisionales.

Dicho escrito detalla que el Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas, en colaboración con la Udyco Central, tuvo conocimiento durante los años 2004 y 2005 de la preparación por “un grupo de personas perfectamente estructuradas” de una operación para importar a Gran Canaria droga “que habría de ser entregada o trasbordada en aguas internacionales y desde allí, desembarcada en la isla”.

Según la Policía, el procesado identificado como W.P.D., “principal responsable de dicho entramado, contactaba con los proveedores de la droga y distribuía los papeles a desarrollar por el resto de miembros participantes”. Así, contactó con el procesado N.P.S. para utilizar una embarcación de la que éste era armador para la realización de recepción y transporte de la cocaína.

Por otra parte, M.I.M.P., esposa de N.P.S., prestaba supuestamente “apoyo logístico a la embarcación, comunicaba con el capitán del buque para transmitirle información referente a este concreto transporte y facilitaba las comunicaciones de su marido con otros implicados en esta operación”.

Además, W.P.D. contaba con la participación de A.E.H.C. y M.E.C.O., quienes puestos previo y común acuerdo con él se encargaban presuntamente de formalizar la infraestructura necesaria, hacer pagos que surgieran y, entre otras funciones, transmitir la información al resto de partícipes.

108 fardos de cocaína

Así, sobre las 05.30 horas del día 13 de octubre de 2005, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera procedieron al abordaje y posterior aprehensión de la embarcación implicada, momento en el que el buque no enarbolaba pabellón alguno, cuando se encontraba en aguas internacionales, incautándose 108 fardos de cocaína.

A bordo de la embarcación se encontraban los procesados V.A., A.T., V.T., G.N., I.P, M.A.A.V., V.B., P.K. y P.S., que, según el Ministerio Público, “no sólo conocían que la auténtica finalidad del viaje era recoger y transportar la cocaína, sino que participaron de forma activa en la carga y estiba de la misma noche anterior desde otro barco”.

La sustancia aprehendida resultó ser cocaína con un peso de 2.722,6 kilogramos con riqueza del 75 por ciento y 4,5 kilogramos con riqueza del 76,47 por ciento. Su valor en el mercado ilícito alcanza un valor de 101.794.603 euros.

Igualmente, el día 13 de octubre de 2005 se procedió a la detención de W.P.D. interviniéndole 1.705 euros y ocho terminales de telefonía y en su domicilio habitual en Madrid, tras ser registrado judicialmente, se incautaron otros 12 teléfonos móviles, un equipo de transmisión radiofónica y 7.800 euros.

Durante la misma jornada fue detenido A.E.H.C., propietario de tres vehículos previstos para utilizarse en la operación, y M.E.C.O., al que se le incautaron dos terminales de telefonía móvil y 120.515 procedentes de su participación en el operativo.

N.P. y M.I. fueron detenidos el mismo día de la aprehensión, siéndoles incautados al primero 80 euros y tres terminales de telefonía móvil. Con posterioridad tras registro en el domicilio común y habitual de ambos en Las Palmas de Gran Canaria se incautaron a N.P. 31.135 euros y otros nueve terminales de telefonía móvil.

Fruto de la ilícita actividad, N.P.S. es propietario de ocho vehículos y ostenta la titularidad de cuatro fincas en Las Palmas de Gran Canaria y tres en Fuerteventura. Por su parte, su mujer ostenta la titularidad de dos terrenos en la capital grancanaria y 20 en Fuerteventura.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal les acusa de un presunto delito contra la salud pública modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y reclama para W.P.D. la pena de 17 años de prisión y multa de 300 millones de euros. Igualmente, solicita para A.E.H.C., M.E.C.O. y V.A. 15 años de prisión y la misma multa, al igual que para N.P.S., para quien también reclama inhabilitación especial para el desarrollo de actividades empresariales relacionadas con el transporte marítimo por diez años.

Además, reclama a los procesados A.T., V.T., G.N., I.P., M.A.A.V., V.B., P.K. y P.S. la pena de 13 años y diez meses de prisión y multa de 102 millones de euros.

Por último, para la supuesta cómplice, M.I.M.P., reclama la pena de seis años y ocho meses de prisión y multa de 102 millones.