Piden apoyar el preacuerdo educativo como mayor avance salarial desde 1991
Los sindicatos a favor del preacuerdo suscrito con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para cerrar el conflicto del sector pidieron este sábado apoyo a los docentes con el argumento de que “es el mayor avance retributivo desde 1991 para el profesorado”, que quedaría así en “el mejor puesto del Estado”.
En un comunicado conjunto, ANPE, CCOO, CSIF, Insucan, OCESP Y SEPCA, los firmantes de un documento que rechazaron los restantes sindicatos con presencia en el sector, se posicionan así ante la anunciada celebración de un referéndum en el que los profesores afectados por el conflicto deberán pronunciarse a favor o en contra del preacuerdo. “Le pedimos al profesorado que lea, reflexione y discuta el preacuerdo que se llevará a consulta en el mes de enero” y que “actúe con plena libertad a la hora de depositar el voto”, afirman.
Al respecto, abogan por que la elección sea personal y no condicionada por los mensajes que puedan llegarles en un contexto donde, según recalcan, “cuatro organizaciones sindicales ya han decidido por el profesorado, para ellos la oferta es mala”. Sin embargo, “las otras seis organizaciones sindicales -apostillan- consideramos que la oferta es lo suficientemente importante como para que se realice un referéndum y sean los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza quienes decidan, pues se trata de su salario, un dinero que no es de ninguna de las organizaciones sindicales”.
Y añaden: “pensamos que esta oferta no lo es todo, pero es muy buena para todo el profesorado, sin exclusiones”. Además, “nunca en una lucha de tipo retributivo se obtiene el total de lo que plantea una de las dos partes”, argumentan dichos sindicatos, que destacan, al tiempo, que rechazar el preacuerdo supondría alargar más un conflicto que se prolonga desde el curso anterior.
“Somos conscientes que llevamos diez meses de movilizaciones y medidas de presión, cuatro jornadas de huelga con concentraciones y manifestaciones”, indican en esa línea.
Alrededor de 80 millones en cuatro años
Por ello, animan a los docentes a votar a favor de una propuesta de acuerdo que opinan que “supone un avance respecto a las dos anteriores: son 80 millones de euros ascendentes y consolidables en un proceso escalonado de cuatro años, desde el 1 enero del 2008 hasta el 1 de enero del 2012”. Según las seis organizaciones, “también será en forma de sexenios, entra todo el personal docente y, por lo tanto, todo el profesorado laboral, interino y sustituto, lo cual marcará la pauta para el resto del Estado”.
Frente al discurso de los sindicatos opuestos al preacuerdo, recalcan, además, que los requisitos que se exigen por la Administración a cambio de las mejoras salariales ofrecidas, “las llamadas contrapartidas, son similares a las que se establecen para el profesorado del resto del Estado, y desde siempre se hacen”. Con ello rechazan la crítica de quienes dicen negarse a firmar el documento por defender unos incrementos salariales que demandan en concepto de “homologación sin contrapartidas” de los docentes públicos con los empleados de igual categoría de otros departamentos de la comunidad autónoma.
“Es evidente que todos y todas preferimos 400 euros mensuales, lineales y sin contrapartidas, y si es más dinero, mejor aún. Pero también es cierto que cuando la empresa te presenta una cantidad de dinero importante y convergente con el profesorado del Estado, lo que cabe hacer es analizarla y consultar al profesorado”, afirman, frente a su postura.
Y añaden: “Nadie ha renunciado ni renunciará a la homologación, homologación es retribución y no está reñida con sexenios; todo lo contrario, este documento supone un gran avance en las remuneraciones, una gran aproximación a la homologación con el resto de los funcionarios, homologación con el resto de docentes del Estado y recuperación del poder adquisitivo”. Por ello, “no está de más decir que con estas retribuciones el profesorado canario quedará situado, ahora sí, en el mejor puesto del Estado”, aseguran además los sindicatos firmantes del preacuerdo, que, ante el referéndum sobre él, concluyen sentenciando: “ésta es una decisión que marca niveles de responsabilidad, en un sentido y en el otro también”.
