El STEC acusa a la Consejería de ''saltarse a la torera'' la ley en la repetición de las oposiciones de infantil
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) acusó este viernes a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autónomo de saltarse “a la torera, como ya nos tiene muy acostumbrados”, la normativa relacionada con las condiciones laborales del profesorado. La organización sindical explica que la repetición de las oposiciones a infantil supone para el profesorado que forma parte del tribunal compaginar su labor docente con la de examinadores.
Según el STEC, “debido a su pésima gestión, en los procesos de acceso a la función pública docente” de las oposiciones de 2007 en la especialidad de Educación Infantil que, “por errores manifiestos de la Administración se ha tenido que repetir en parte, a los miembros de los tribunales se les obliga a compaginar sus tareas docentes en sus centros con la asistencia en otros horarios distintos para realizar las funciones propias de los mismos”.
El STEC argumenta que estas “actuaciones chapuceras” han afectado en primer lugar a los opositores y ahora también a los componentes de los tribunales. Por ello, la organización sindical denuncia “la falta de sensibilidad de la Administración para con los docentes afectados por no arbitrar medidas de sustitución de los mismos en sus respectivos centros”.
Así, según el STEC, esta circunstancia “afectará sin lugar a dudas a su salud, toda vez que tendrán que llevar a cabo ambos cometidos, sin tener en cuenta las consecuencias a nivel psicológico que se derivan del ejercicio y funciones como miembros de tribunales”.
Para el sindicato, la Consejería “desprecia una vez más la labor docente, ya que por lo visto cree que no trabajamos suficientemente y aún queda tiempo para simultanear con otras funciones”. Al mismo tiempo, el STEC cree que “tampoco respeta al alumnado, porque cercena la posibilidad de preparar las clases a los docentes implicados”.
Desde el punto de vista del sindicato, “se vulnera flagrantemente la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y la ley de conciliación de la vida familiar y laboral”, por lo que exige que “se tomen las medidas necesarias con el fin de que se tenga en cuenta la salud de las personas como derecho inalienable en cualquier sociedad que se denomine civilizada”. Además, el STEC, a través de sus servicios jurídicos, estudiará tomar medidas “en caso de que no se dé solución a esta justa y legal exigencia”.
