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Sanidad garantiza que los enfermos de hepatitis C recibirán tratamiento prescrito

La consejera, Brígida Mendoza, asegura que "el factor económico" no deber ser una limitación 

Desde el PSOE calculan que en Canarias hay unos 400 pacientes con esta enfermedad y que tratarlos costaría unos 19 millones de euros

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Brígida Mendoza.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, afirmó este lunes que los enfermos de hepatitis C en Canarias pueden estar tranquilos porque van a recibir el tratamiento que prescriban los médicos sea cual sea el coste de los nuevos medicamentos.

Mendoza, en una comparecencia en comisión parlamentaria, dijo que por el momento hay 77 pacientes en Canarias que están en tratamiento o ya han sido tratados con las nuevas medicinas contra el virus de la hepatitis, mientras que otros 39 ya han recibido la prescripción pero no han iniciado la cura y otros 18 están siendo evaluados.

"A nadie que tenga hepatitis podemos darle la espalda, el factor económico nunca debe ser una limitación", dijo la consejera, y subrayó que los rápidos avances en los nuevos fármacos abren la puerta a la esperanza de muchos pacientes.

Pero son los médicos los que en cada caso prescriben las líneas de tratamiento adecuado, y se trata de una enfermedad con cuadros muy heterogéneos, por lo que cada pacientes requiere una valoración y un tratamiento individualizado.

"A pesar de nuestra deficitaria financiación, esta no debe ser un impedimento, otras muchas patologías requieren tratamientos de alto coste económico y se lo aseguramos a todos", insistió Brígida Mendoza, quien señaló que el Ministerio y las comunidades autónomas trabajan conjuntamente en este asunto.

El diputado Jesús Morera, del PSOE, dijo que en Canarias hay unos 400 pacientes con esta enfermedad en fase avanzada susceptible de ser medicados, pero el precio de un tratamiento combinado alcanza los 48.000 euros, por lo que el coste podría alcanzar 19 millones de euros, a los que habría que restar los tratamientos que reciben actualmente, con lo que quedaría en unos 12 millones.

Las empresas farmacéuticas cobran precios abusivos, mantienen una actitud codiciosa y "precios indecentes", se lucran con las expectativas de pacientes, a los que utilizan para generar presión, denunció Morera.

Pero los pacientes son la prioridad, hay que darles el tratamiento y ya se verá de dónde se obtiene el dinero, dijo Morera.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, dijo que nadie debe quedarse sin este tratamiento por razones económicas, pero denunció que ahora no está garantizado el derecho de la gente a recibirlo porque los protocolos estatales están condicionados por el precio de los medicamentos.

"Hay margen para poner a las farmacéuticas en su lugar, se pueden imponer licencias obligatorias cuando está en juego la salud colectiva", dijo Rodríguez, para quien el beneficio es legítimo, pero no la especulación.

Mercedes Roldós, del PP, criticó el uso demagógico y electoralista de este asunto y señaló que los tratamientos se administran en función de la indicación terapéutica de los médicos, algo que garantizan conjuntamente el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

Marisa Zamora, de CC, acusó a las compañías farmacéuticas de mantener precios abusivos y deben ser presionadas para que no especulen a costa de la vida de los pacientes.

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