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La Seguridad Social anula la deuda de 1,4 millones que reclamaba al Hospital Insular por los pluses de productividad

El organismo estatal acepta las alegaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario contra el informe de Inspección de Trabajo que detectó irregularidades en la gestión de las nóminas de 3.476 trabajadores del centro

Sanidad también ha recurrido las actas de liquidación levantadas a finales de julio por el mismo motivo en el Hospital Universitario Doctor Negrín, que ascienden a 1,5 millones de euros

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Una mujer apuñalada en un hospital de Las Palmas cuando esperaba con su bebé

Hospital Insular Materno Infantil. EFE

La Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas ha anulado las actas de liquidación en las que reclamaba al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria una deuda de 1,4 millones de euros por irregularidades en la gestión de las nóminas de 3.476 trabajadores del centro. Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional han confirmado a este periódico que la dirección provincial del organismo estatal ha aceptado  las alegaciones presentadas por el Servicio Canario de Salud (SCS) contra el informe de la Inspección de Trabajo que en diciembre de 2016 detectó una anomalía a la hora de cotizar un complemento de los empleados públicos.

Sanidad también ha recurrido las actas de liquidación levantadas a finales de julio por el mismo motivo en el Hospital Universitario Doctor Negrín, que ascienden a 1,5 millones de euros.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se iniciaron en noviembre de 2015 a raíz de la denuncia formulada por la Casa del Funcionario -una asociación formada por trabajadores del sector público, en su mayoría del ámbito sanitario- por irregularidades en la tramitación del concepto salarial denominado productividad factor variable (incentivos).

Las gerencias de las áreas de salud del Archipiélago pagan este complemento a aquellos trabajadores públicos que cumplan una serie de objetivos marcados al inicio de cada ejercicio. Durante los años analizados (2012, 2013 y 2014), las gerencias de los dos hospitales de referencia de Gran Canaria, el Hospital Insular y el Doctor Negrín, imputaron íntegramente el importe de esos pluses en la base de cotización de marzo, cuando se cobra el incentivo, y no lo prorratearon en los meses del año natural. Esta fórmula es el origen de la deuda ahora anulada, ya que afecta no sólo al cálculo de las cantidades que deben pagar empresarios y empleados a la Seguridad Social, sino también al importe de las prestaciones que tienen derecho a cobrar los trabajadores (desempleo,  incapacidad o jubilación), que dependen de esas bases.

La denuncia inicial partió de una matrona del Materno Infantil en 2015. La Inspección de Trabajo le dio la razón y el SCS se vio obligado a regularizar su situación y a pagarle aproximadamente 2.000 euros, la diferencia entre el importe de la prestación por incapacidad temporal que había percibido y el que debía de haber recibido entre los años 2010 y 2013. A raíz de este caso, la asociación La Casa del Funcionario extendió la reclamación al entender que afectaba a diversos colectivos de trabajadores de los hospitales grancanarios.

En el transcurso de la investigación, la Inspección de Trabajo ha emitido tres informes. Los dos primeros, firmados en diciembre, constataban la irregularidad y una deuda de 1,4 millones de euros por las cotizaciones de 3.476 trabajadores del Hospital Insular y de algo más de 14.000 euros por las del personal del Doctor Negrín transferido del Cabildo de Gran Canaria. En el tercer oficio, que está fechado el pasado 24 de julio y afecta a tres colectivos profesionales del Negrín (los funcionarios, los médicos internos residentes y el personal estatutario temporal), se le reclama a la gerencia del centro hospitalario el pago de 1,5 millones de euros. Las deudas certificadas en los dos primeros informes han sido anuladas, mientras que las del tercero han sido recurridas y se espera que tengan el mismo destino.

Y es que, hasta ahora, la Tesorería de la Seguridad Social ha aceptado los recursos presentados por Sanidad. La Consejería alegó que no había incumplido su obligación de cotizar por ese complemento de productividad, ya que "se liquidaba en el mes de abono del mismo (marzo de cado año natural) para todos los trabajadores en situación de alta y en el mes natural del año anterior del último nombramiento para aquellos otros que ya se encontraban en situación de baja (jubilaciones, excedencias, fin de nombramiento...)"

Con respecto a la fórmula, el Gobierno regional defendía que el programa de gestión de personal y nóminas utilizado durante los años 2012, 2013 y 2014 (software del Ministerio de los años 90 con base de datos multibase y sistema operativo Unix, con imposibilidad de reprogramación) "hacían inviable otro procedimiento de liquidación de estas cuotas sociales de forma prorrateada".

Fue a partir de 2015, con la implatanción del sistema centralizado de nóminas PopleNet de Meta4, cuando la Consejería corrigió esta situación y empezó a prorratear la cotización por estos incentivos de productividad. Finalmente, el instructor de la Tesorería de la Seguridad Social ha aceptado el criterio utilizado por Sanidad tras evacuar consulta a los servicios centrales del Ministerio de Empleo y ha dejado sin efecto las liquidaciones provisionales que afectaban a los trabajadores del Insular y a uno de los colectivos profesionales del Negrín.

La Casa del Funcionario denuncia que la Tesorería de la Seguridad Social no le ha informado de la resolución que anula las deudas y se ha limitado a sugerirle que acuda a los tribunales si considera que la decisión no se ajusta a derecho.

La asociación denunciante también llevó el caso a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que el pasado mes de febrero decretó el archivo de las diligencias de investigación. El Ministerio Público confirmó, con base en los informes de la Inspección de Trabajo, la existencia de un error en las cotizaciones de los trabajadores, pero concluyó que la irregularidad ya se estaba corrigiendo y que no había indicios de que la Administración hubiera actuado "de forma dolosa procurándose un ahorro económico, ahorro que por otro lado sólo habría resultado efectivo respecto de algunos trabajadores del CHUIMI".

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