Cáritas advierte al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: la ayuda de las parroquias “debe ser puntual”

“Derivado a su parroquia durante los próximos tres meses”. Es la respuesta que ha recibido del Ayuntamiento una vecina de Las Palmas de Gran Canaria que vive con su hijo, que no cuenta con ingresos económicos tras haber agotado la prestación por desempleo, que se encuentra a la espera de tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que ha acudido a los servicios sociales municipales en busca de ayuda. En los volantes entregados a otras personas en situación de riesgo o exclusión social no figuran plazos. Se les envía a las iglesias para “el suministro temporal de alimentos” mientras se tramitan las ayudas de emergencia, que pueden demorarse hasta seis meses, aunque la media reconocida por el Consistorio es de 83 días.

Cáritas asegura que las derivaciones a parroquias “siempre han existido”, pero recuerda que la obligación de atender a los ciudadanos más vulnerables y de defender sus derechos es de la Administración y que la colaboración de las parroquias “debe ser puntual”. “Es verdad que nos llegan derivados e intentamos coordinarnos con el Ayuntamiento, pero eso no quiere decir que Cáritas se haga responsable de nadie, queremos que tenga constancia de que tiene que asumir esa responsabilidad. Nosotros atendemos a quien lo necesite independientemente de donde venga”, explica Yiyo Espino, portavoz de la organización.

Espino reconoce que en los últimos tiempos ha habido un incremento del número de derivaciones del Ayuntamiento a las parroquias, pero exculpa al Consistorio de este aumento y lo vincula a los devastadores efectos de la crisis económica. “La situación cada vez es más compleja. Hay gente que no puede pagar la luz, el agua o que no tiene vivienda. Además se está cronificando, antes había un periodo de entre seis y ocho meses para que volvieran a insertarse en el mundo laboral, pero ahora pueden pasar años”, lamenta el portavoz de Cáritas, quien también expresa su preocupación por el hecho de que cada vez afecte a personas más jóvenes.

La organización remarca que los recursos de los que dispone son limitados y rechaza que sea el Ayuntamiento quien marque los plazos en los que debe proporcionar sustento a las familias. “Cuando una persona llega, hacemos una valoración. Por mucho que haya un documento que diga que tenemos que ayudarle durante tres meses, en las parroquias le decimos adónde tiene que ir, le atendemos, le acompañamos durante el proceso e intentamos buscar soluciones”, dice Espino.

“Lo importante”, concluye el portavoz de Cáritas, “es saber por qué las personas han llegado a esta situación y si las administraciones están asumiendo sus responsabilidades”.

Derivaciones desde el inicio de la crisis

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, afirmó este martes, en declaraciones que recoge la agencia Efe, que el protocolo de actuación que aplica el Ayuntamiento con Cáritas y otras organizaciones como Cruz Roja o el Banco de Alimentos es el mismo de hace años y el que también utilizaba el PSOE cuando gobernaba la ciudad. Fuentes parroquiales consultadas por este periódico han confirmado este extremo y han asegurado que los volantes comenzaron a entregarse cuando estalló la crisis.

Por su parte, Isabel Mena, portavoz del PSOE, ha querido separar “la ayuda que se le ha prestado durante décadas a las ONG y los informes sociales que se le hacían cuando lo solicitaban” de las hojas de derivaciones que “ahora entrega” el Ayuntamiento a quienes acuden a él para solicitar una prestación.

Mena ha denunciado el “colapso” en el que, a su juicio, ha sumido el PP al área social de la corporación. “Las parroquias están sobrepasadas y las ONG no pueden soportar el peso de la Administración”, ha señalado la socialista, quien considera que el gobierno municipal no está utilizando los mecanismos y las herramientas que tiene a su alcance para agilizar las ayudas.

En este sentido, recuerda que la ordenanza sobre las ayudas de emergencia social recoge que, en los casos más urgentes, las prestaciones pueden otorgarse en el plazo de una semana. “No están aplicando el protocolo. Si los vecinos van allí y los envían a las parroquias, es que no tienen para comer”, sostiene.

Mena explica que el Ayuntamiento tampoco ha activado el mecanismo de bonos de alimentos del que dispone gracias a un acuerdo con una gran superficie. “Los servicios municipales están atendiendo al triple de personas que en 2010 con el mismo personal y los mismos medios, sin reforzar la plantilla, sin pedir el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y sin llegar a acuerdos con el Colegio de Trabajadores Sociales”, expone la socialista, quien recuerda que el presupuesto total en los servicios sociales fue de 23 millones de euros en 2010, último ejercicio con el PSOE en el gobierno municipal, de 21 millones en 2013 y de 22 para este año.