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Uno de cada cinco canarios acude a la justicia gratuita en el Archipiélago

En 2008 se efectuaron 5.000 solicitudes de Turno de Oficio en Canarias, mientras que en lo que llevamos de año se ha registrado cerca de 10.000 solicitudes, lo que representa un incremento del 100%, con lo que uno de cada cinco canarios acude a la justicia gratuita, aseguró la diputada nacionalista Flora Marrero durante la comparecencia solicitada por el PSOE sobre la nueva regulación del Turno de Oficio.

En Canarias, cerca de 1.500 abogados de los cuatro colegios, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y la Palma están inscritos en el Turno de Oficio, 500 sólo en Tenerife.

La huelga de los abogados del Turno de Oficio se ha paralizado en los cuatro colegios canarios a raíz de que el Gobierno canario retiró el proyecto de borrador según explicó la diputada socialista Eulalia Guerra, que a su juicio tuvo que ser elaborado después de reunirse con los profesionales del Derecho, y no al margen de ellos.

En un momento de crisis aumenta las solicitudes del Turno de Oficio, dijo Guerra, que se atienden de igual forma que los asuntos de pago, e insistió en insertar la justicia gratuita en el sistema judicial tanto a nivel económico como de gestión.

Negociación que parte de 'una consideración en blanco'

José Miguel Ruano, consejero de Presidencia, Justicia, y Seguridad del Gobierno de Canarias, señaló que estamos en negociaciones con los cuatro colegios para alcanzar un acuerdo. “Igual que la educación no es sólo cuestión de los docentes, la justicia gratuita no es sólo una cuestión de los profesionales del Derecho”, dijo Ruano.

Iniciamos la reforma con la entrega del documento borrador a cada colegio, a la búsqueda de un método para la reforma del Decreto del 98, partiendo de una consideración en blanco, dijo Ruano.

Tenemos que dar un cambio en torno a un proceso superado, añadió, y el borrador de Decreto nunca fue “sometido a audiencia”. Asimismo recordó que los profesionales del Derecho tienen en Canarias “un tratamiento digno”.

Una de las cuestiones a regular, reconoció el consejero, es la reforma de cómo se hace el reconocimiento cuando existe inmediatez en el proceso, y hay que hacerlo “sobre la marcha”.

La imposición de una tasa específica con la que estén de acuerdo las 11 comunidades autónomas que tienen competencias en justicia, así como la delimitación de los derechos y los recursos del justiciable es uno de los objetivos prioritarios de la reforma, ya que “el que tiene recursos tiene que pagar”, aseguró.

Demandas comunes

Tanto la socialista Eulalia Guerra como la nacionalista Flora Marrero quisieron saber el contenido del borrador de la nueva regulación del Turno de Oficio, que necesita modificación tanto en Canarias como en el resto del Estado, y que se debe de adaptar e incorporar las nuevas tecnologías.

Guerra explicó la importancia de la justicia gratuita para los que no disponen de recursos económicos e impedir su indefensión, a pesar de que deberán justificar de forma documental esta condición.

La justicia gratuita es una aportación de los abogados, que no cobran horarios normales sino reducidos por el Turno de Oficio, por lo que Guerra insistió en demandar mayor formación para los abogados, y mejor organización para la atención a víctimas de violencia de género.

“Las víctimas de violencia de género acuden muchas veces solas al juzgado, y después de esperar varias horas, a veces deciden retirar la denuncia”, puntualizó.

Regular el sistema de recursos para conseguir un sistema judicial más ágil es otra de las cuestiones demandadas por Guerra.

A su vez, Marrero consideró que la nueva regulación debe recoger las características de cada colegio canario, con el objetivo común de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Respecto a los menores, Marrero recordó la importancia que tuvo el Turno de Oficio para la inmigración en el año 2006, cuando se produjo una verdadera avalancha de subsaharianos en las costas canarias.

El Consejo General de la Abogacía española gestiona entre un 7 u 8% de la carga judicial, unos 350 asuntos anuales que se reparten en torno a un 30% adscritos al servicio de Turno de Oficio, tanto en asistencia penal, civil o víctimas de violencia de género, una disposición específica que aúna el trabajo conjunto entre lo penal y lo civil.

Los 83 colegios de abogados españoles responden a este derecho constitucional.

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