Más de cien años de cárcel para una de las mayores redes de tráfico de drogas de Canarias
El macrojuicio de la Operación Rapadura, por la que entre agosto de 2005 y julio de 2006 quedaron imputadas 48 personas como integrantes de una red de tráfico de drogas, se ha saldado este jueves, de momento, con nueve conformidades de condena, si bien el principal cabecilla de la organización, un colombiano al que se le conocía como Carlos, pudo escapar del país y está en paradero desconocido.
El fiscal antidroga de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Serrano, pedía más de cien años de condena en total por la distribución en La Palma de cocaína, hachís y marihuana. Sin embargo, el entramado de la organización alcanzaba a Las Palmas, Fuerteventura, Madrid, Valencia y Navarra. Desmantelar la red ha supuesto una de las mayores actuaciones antidroga de la Policía Judicial en los últimos cinco años.
Son tantos los imputados que el procedimiento penal se ha dividido en cinco piezas, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera pieza fue juzgada este jueves. En el banquillo se sentaron diez acusados, entre ellos una mujer colombiana que fue arrestada en Santa Cruz de La Palma después de introducir en esa isla algo más de un kilo de cocaína.
Para esta procesada, el fiscal Miguel Serrano pedía ocho años de cárcel, pero aceptó rebajar la pena a cuatro años, que la mujer ya casi ha cumplido en prisión preventiva. Otros ocho procesados, para quienes se pedían entre seis y ocho años de cárcel, se han conformado con una rebaja de sus penas a la mitad. El décimo imputado no aceptó la conformidad porque, según dijo su abogada, ya había sido juzgado por esta causa y absuelto.
Coches, dinero y armas
La Operación Rapadura se inició en agosto de 2005, cuando una dotación de la Guardia Civil detectó a un camello en una calle de Santa Cruz de La Palma. La información que proporcionó ese detenido permitió que se pincharan varios teléfonos y así se pudo detener a una mula cuando intentaba introducir en La Palma 1.284 gramos de cocaína.
Uno tras otro fueron cayendo los presuntos implicados en la red y llegaron a ser interrogadas hasta 70 personas, aunque sólo fueron imputadas 48. Al tal Carlos le dio tiempo a coger un avión y salir de España.
La Policía Judicial se incautó de 5.979 gramos de cocaína, 780 de hachís, 1.053 gramos de marihuana; 968 gramos en pastillas para cortar la coca, 594.165 euros en efectivo, 64 balanzas de precisión, siete coches y tres armas de fuego.
Carlos era el organizador de toda la trama, según declaró este jueves Antonio C.R. “Carlos era quien me llamaba por teléfono y me decía dónde tenía que recoger la droga, qué mula la traía, y en qué cuentas debía ingresarle el dinero”. El “jefe” era también quien le ordenaba a Antonio la distribución de las drogas entre diferentes camellos.
Las personas que hacía de correos viajaban de Colombia a Madrid, Valencia o Navarra. Allí, otra mula se hacía con la mercancía para traerla a las Islas. Cada quince días aproximadamente, llegaba un kilo de coca a La Palma, pero también a otras islas.
Arrepentidos y colaboradores
No siempre es posible lograr una conformidad en la condena. En esta pieza del sumario ha sido posible porque, pese a ser acusados de pertenecer a banda organizada, el fiscal ha tenido en cuenta que todos los presuntos implicados eran también consumidores habituales, que colaboraron con la Policía Judicial para que la operación se pudiese llevar a cabo, y que en estos cuatro años a la espera de juicio se han sometido a programas de deshabituación. Al menos eso es lo que se aseguraron.
